El presidente Javier Milei firmó el DNU Nº 62/2025, que modifica el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género. La nueva normativa prohíbe que los menores de 18 años accedan a tratamientos hormonales o cirugías para adecuar su cuerpo a su identidad de género autopercibida.
Contexto
La Ley 26.743, sancionada en 2012, establece el derecho al libre desarrollo personal, permitiendo a las personas trans acceder a tratamientos y cirugías sin necesidad de autorización judicial o administrativa. Para menores de edad, el régimen previo exigía el consentimiento informado de los responsables y la validación de un juez para las intervenciones quirúrgicas.
Sin embargo, el decreto de Milei elimina esta posibilidad y establece una prohibición total para los menores. El nuevo texto señala:
«Las personas menores de DIECIOCHO (18) años de edad no podrán acceder a las intervenciones y tratamientos a los que hace referencia el presente artículo.»
Los fundamentos del decreto argumentan que la medida es «necesaria y urgente» debido al riesgo que suponen estas prácticas para los derechos fundamentales de niños y adolescentes. Además, se sostiene que los menores no han completado su madurez neurobiológica y psíquica para comprender la magnitud de estas decisiones.
El Gobierno también justificó la prohibición citando ejemplos internacionales:
«Países como Reino Unido, Suecia, Finlandia y Estados Unidos han dado marcha atrás y han prohibido estas prácticas en menores.»
Asimismo, el comunicado oficial advierte sobre los efectos irreversibles de estos tratamientos, incluyendo infertilidad, problemas cardiovasculares y consecuencias en la salud mental.
Cómo sigue
El decreto también introduce cambios en el régimen penitenciario:
Ningún hombre que haya rectificado su género podrá ser alojado en cárceles de mujeres si fue condenado por delitos sexuales, trata de personas o crímenes violentos contra mujeres.
Desde el Ejecutivo, aseguran que estas modificaciones buscan «terminar con los privilegios y promover la igualdad ante la ley», evitando lo que denominan «abusos» en el sistema penitenciario y en el acceso a tratamientos de cambio de género en menores.
La medida generará un fuerte debate político y judicial, ya que sectores opositores y organismos de derechos humanos han defendido la normativa original. Resta ver si habrá presentaciones judiciales contra el DNU y cómo responderán los tribunales.
