El Gobierno Nacional oficializó este jueves el decreto 61/2025, que impide el traslado de personas privadas de la libertad a cárceles de mujeres si realizaron el cambio de género después de su detención. La medida busca garantizar una “protección real y efectiva” para las mujeres en establecimientos penitenciarios.
Lo que importa
El decreto argumenta que hubo casos en los que el cambio de identidad permitió la comisión de delitos dentro de las cárceles de mujeres. La norma establece que los traslados no serán autorizados cuando el delito haya sido cometido con violencia contra una mujer o cuando se evalúe que el traslado implica un riesgo para la seguridad de las internas.
Contexto
El Ejecutivo fundamentó la medida en el artículo 176 de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad N° 24.660, que regula el alojamiento de detenidos en función de criterios de seguridad y convivencia. En los considerandos, se menciona un caso reciente en Córdoba en el que una persona realizó el trámite de rectificación de género, obtuvo la reubicación y posteriormente cometió abusos en la cárcel de mujeres, aunque no se identificó al involucrado ni la fecha del hecho.
El presidente Javier Milei ya había anticipado su postura en el Foro de Davos el 23 de enero, donde afirmó que la «ideología de género» provoca horrores y criticó la posibilidad de que personas privadas de la libertad puedan solicitar traslados en función de su identidad de género. Ayer, la Oficina del Presidente (OPRA) emitió un comunicado en la misma línea, asegurando que el alojamiento carcelario se definirá según el sexo registrado en el momento del delito.
Cómo sigue
El decreto lleva la firma del presidente Milei, del jefe de Gabinete Guillermo Francos, del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. La medida marca un endurecimiento en la política carcelaria con respecto a la identidad de género y el alojamiento penitenciario, alineándose con el discurso del Gobierno sobre el combate contra el «extremismo de género».
A partir de ahora, los jueces y el Servicio Penitenciario Federal deberán aplicar la nueva normativa al evaluar traslados. La prohibición podría generar cuestionamientos desde organismos de derechos humanos y organizaciones LGBTIQ+, que en otras ocasiones han señalado el riesgo de violencia y discriminación en la población trans dentro de cárceles masculinas.
