El juez federal Sebastián Casanello ordenó un allanamiento a la empresa Jan de Null, actual concesionaria de la Hidrovía, a solicitud del fiscal Guillermo Marijuan, en el marco de una investigación judicial por presuntas irregularidades en el llamado a licitación para renovar la concesión, que acaba de frustrarse.
Lo que importa
Este proceso, esencial para el comercio exterior argentino, ha enfrentado múltiples desafíos y controversias en los últimos años.
El juez federal Sebastián Casanello ordenó un allanamiento en las oficinas de Jan de Nul en Buenos Aires, a pedido del fiscal Marijuán que tiene delegada la investigación.
El objetivo principal de este operativo ha sido recolectar documentación relacionada con la supuesta deuda de 78 millones de dólares que mantendría con la empresa el Estado Nacional.
También se ha recolectado evidencia de cualquier comunicación entre la empresa y funcionarios gubernamentales que pudiera evidenciar un posible direccionamiento en la licitación que acaba de anularse por decisión del gobierno de Javier Milei.
Los enviados al allanamiento se retiraron de la empresa con todo lo requerido, explicaron fuentes del caso
Contexto
La Hidrovía Paraná-Paraguay es una arteria fluvial clave para Argentina, por donde transita aproximadamente el 80% de las exportaciones del país. Desde 1995, la empresa de origen holandés Jan de Nul ha estado a cargo del dragado y mantenimiento de esta vía navegable. Sin embargo, en los últimos años, la gestión y futura concesión de la Hidrovía han sido objeto de intensos debates políticos y económicos.
Licitación Frustrada y acusaciones
En noviembre de 2024, el gobierno argentino lanzó una licitación pública nacional e internacional para otorgar la concesión de la Hidrovía por un período de 30 años, con posibilidad de extensión por otros 30. El objetivo era modernizar, ampliar, operar y mantener el sistema de señalización y las tareas de dragado de la Vía Navegable Troncal. No obstante, este proceso enfrentó críticas y denuncias desde sus inicios.
Legisladores de la Coalición Cívica, entre ellos Mariana Zuvic, Paula Oliveto, Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López, presentaron una denuncia penal este mes de febrero de 2025
Alegan un supuesto direccionamiento de la licitación a favor de Jan de Nul, empresa que, según la denuncia, mantenía un crédito de aproximadamente 78 millones de dólares contra el Estado argentino.
Este monto correspondería a deudas acumuladas por servicios prestados previamente. Los denunciantes cuestionaban la transparencia del proceso y sugerían que los pliegos licitatorios podrían haber sido redactados para beneficiar a la empresa mencionada.
Cómo sigue
La judicialización de este proceso ha generado preocupación entre los principales actores del sector exportador y portuario del país. La Hidrovía es vital para la economía argentina, y cualquier retraso en su mantenimiento o modernización puede tener repercusiones significativas en la competitividad del comercio exterior.
La anulación de la licitación y las investigaciones en curso podrían postergar las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura de la vía navegable. Además, existe el riesgo de que la incertidumbre jurídica en relación a la participación de empresas internacionales en futuros procesos licitatorios, limitando las opciones disponibles para el Estado argentino.
El llamado a licitación también enfrentó reparos de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, donde se elaboró un informe que ya se ha incorporado a la causa judicial a cargo de Marijuán