La cuenta regresiva para el inicio del que será el segundo juicio oral a la ex presidenta Cristina Kirchner, el caso Cuadernos, comenzó en septiembre con últimos manotazos de ahogado de quienes buscan evitar la foto en el banquillo el 6 de noviembre próximo.
Uno de ellos, el empresario de la construcción Carlos Mundin, acaba de recibir un revés por parte del Tribunal Oral Federal 7 en su intento contrareloj de ser sobreseído antes del juicio por “falta de acción”. Esto ocurrió poco antes de la audiencia prevista para el viernes próximo, en la cual unos 30 acusados ofrecerán una reparación integral monetaria para no ser juzgados.
Mundin consideró que “la prueba reunida durante la instrucción demuestra la inexistencia de los hechos imputados y que no
resulta necesario el juicio para demostrar su inocencia”.
También argumentó que en la instrucción suplementaria dispuesta por el Tribunal se demostró que “no existieron
irregularidades en la obra ‘Sistema de expansión de Obras Gasoductos Santa Cruz’” adjudicada a su empresa.
El dueño de la constructora BTU SA reclamaba ser sobreseído por extinción de la acción penal y sostuvo para ello que nunca se reunió con el ex funcionario también procesado Roberto Baratta, que los fondos de su empresa fueron correctamente aplicados y que la firma ni siquiera figuraba en las listas mencionadas por un “arrepentido”, el financista Ernesto Clarens. Respaldó sus argumentos en pericias electrónicas, informes de la AFIP y de la UIF, y registros de comunicaciones telefónicas
Rechazo judicial
La fiscal Fabiana León y la Unidad de Información Financiera se opusieron al sobreseimiento: consideraron que el planteo era “formalmente inadmisible, sustancialmente improcedente y manifiestamente extemporáneo”. Señalaron que las controversias deben resolverse en el juicio oral y no mediante un incidente previo.
El Tribunal integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, coincidió con la acusación y rechazó la petición. “El debate oral aparece como el ámbito natural donde la totalidad de la prueba debe ser rendida con pleno control y contradicción entre las partes”, subrayó la resolución a la que tuvo acceso Quorum.
El Tribunal destacó “los derechos de las restantes partes y de la sociedad toda de debatir, por regla, en un debate oral y público, la inocencia o culpabilidad de las personas imputadas”.
También remarcó los compromisos asumidos por Argentina a la hora de “investigar, prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas” y que necesariamente “se traducen en un mayor rigor al apreciar los hechos a la hora de
adoptar decisiones en causas que involucren el manejo de fondos y bienes públicos”.
Audiencia por reparaciones integrales
El tribunal informó que tiene todo listo para una audiencia clave el próximo viernes 12 de septiembre desde las 9:30. De manera virtual a través de la plataforma Zoom, un extenso listado de empresarios y ex funcionarios procesados en el caso explicarán durante diez minutos cada uno qué ofrecen a cambio de no llegar al banquillo el 6 de noviembre. Se trata de al menos 30 acusados.
Buscan que les acepten multimillonarios ofrecimientos de reparación integral del perjuicio contemplado por ley, para el cual no es necesario admitir los hechos. Es decir, pagar para no ir a juicio.
El artículo 59 del Código Penal establece los motivos por los cuales puede extinguirse la acción penal. En ese marco, su inciso seis precisa que puede ocurrir “por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes”.
Entre quienes buscan llegar a un acuerdo están los empresarios Enrique Pescarmona, Angelo Calcaterra, el ex presidente de la Unión Industrial Argentina Juan Carlos Lascurain, Gabriel Romero, Alberto Taselli, Ernesto Clarens, Rubén Valente, Juan Carlos Goycochea, Javier Sánchez Caballero y Claudio Glasman.
En la mayoría de los casos suscribieron acuerdos para ser aceptados como imputados colaboradores durante la investigación a cargo del fallecido juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. Los legajos de estos acuerdos en los que admitieron el pago de sobornos a funcionarios del kirchnerismo para acceder a licitaciones de obra pública, fueron aceptados por el Tribunal y su contenido podrá incorporarse al juicio más allá de que se acepten o no las ofertas de reparación.
Su utilidad como prueba será valorada durante el debate oral.
El juicio
Para el juicio oral, en un principio están citados 626 testigos, pero el TOCF 7 ya convocó a una audiencia preparatoria el próximo 24 de septiembre para intentar organizar el debate y dejar fuera aquella prueba que no sea indispensable.
Serán juzgados la ex presidenta Cristina Fernández como presunta jefa de asociación ilícita y cohecho pasivo; y los ex funcionarios kirchneristas Julio De Vido, Roberto Baratta, Juan Manuel Abal Medina, Hugo Larraburu, Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti, Hernán Gómez, Claudio Uberti y José López.
También integran el listado empresarios como Enrique Wagner, Ángelo Calcaterra, Enrique Pescarmona y Aldo Roggio, entre otros, además del arrepentido remisero Oscar Centeno, autor de los cuadernos manuscritos que dieron origen al caso en 2018.
Los jueces dispusieron que el debate sea virtual, salvo excepciones justificadas con audiencias todos los jueves.
Dejaron aclarado que si surge algún motivo que justifique la presencialidad o si alguna parte lo pide podrá evaluarse al igual que la forma mixta, telemática y presencial, pero siempre basándose en motivos “puntuales y precisos”.
Las primeras jornadas -lectura de requerimientos de elevación a juicio- y las finales -alegatos y veredicto- serán trasmitidas de manera pública a través del canal de Youtube del Poder Judicial de la Nación. Las restantes necesitarán de acreditación previa para acceder a la sala de Zoom.
Se juzgará la causa central -9608- abierta cuando el fiscal federal Carlos Stornelli recibió en Comodoro Py los originales de los cuadernos en 2018 y otras cinco que se investigaron de manera paralela como derivación de la primera.
La ex presidenta Cristina Kirchner llega a su segundo juicio oral procesada como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho y bajo arresto domiciliario con condena firme a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad.
Con la audiencia de septiembre y el rechazo a planteos como el de Mundín, el TOF 7 busca encaminar el juicio de mayor envergadura por corrupción de las últimas décadas. El debate sobre las reparaciones económicas podría convertirse en un punto de inflexión para varios imputados que buscan evitar eventuales condenas firmes a cambio de resarcimientos millonarios al Estado.
