Una ONG ha solicitado a la jueza estadounidense Loretta Preska la anulación del fallo que condena al Estado argentino a pagar 16.100 millones de dólares a las firmas Burford Capital y Eton Park por la nacionalización de YPF en 2012.
Menciona causas penales que involucran a los Kirchner y Eskenazi. Los motivos por los cuales este martes es una fecha clave.
Lo que importa
El abogado Fernando Irazú, en representación de RAFA, argumenta que la adquisición del 25% de las acciones de YPF por parte del Grupo Petersen en 2008 fue fraudulenta y contó con la complicidad del entonces Gobierno argentino.
La jueza Preska ha establecido como fecha límite este martes 25 de febrero de 2025 para que las partes involucradas, incluyendo al Estado argentino e YPF, presenten sus respuestas a esta solicitud.
Argumentos de la ONG
RAFA sostiene que la disputa legal, que resultó en un fallo sin precedentes por más de 16.100 millones de dólares contra la República Argentina, no puede entenderse plenamente sin considerar la presunta actividad criminal internacional subyacente.
Según la presentación, la «nacionalización» de YPF fue un proceso en dos etapas que benefició a las familias Kirchner y Eskenazi.
En la primera etapa, la familia Kirchner habría obligado a la empresa española Repsol, entonces accionista mayoritaria de YPF, a vender un 25% de participación al Grupo Petersen, vinculado a la familia Eskenazi. Esta transacción, valorada en aproximadamente 3.400 millones de dólares, fue financiada íntegramente mediante préstamos, sin que la familia Eskenazi invirtiera capital propio. Los préstamos serían reembolsados con los dividendos de YPF.
Posteriormente, la familia Kirchner impulsó la nacionalización de YPF, expropiando la participación mayoritaria de Repsol pero excluyendo la porción en manos del Grupo Petersen. Al cesar el pago de dividendos, el Grupo Petersen incumplió con los préstamos adquiridos, llevando a la quiebra de sus empresas en España. Como resultado, el 25% de participación volvió a los acreedores: un 6% a Repsol y un 19% a prestamistas financieros.
RAFA también destaca que la familia Eskenazi celebró un acuerdo con Burford Capital y Eton Park Management para financiar y llevar adelante los procedimientos legales contra la República Argentina y YPF, buscando una indemnización de más de 16.100 millones de dólares, con un esquema de división 30/70. Burford Capital ya ha monetizado parte de su participación mediante la venta a terceros inversionistas no revelados.
Contexto
La presentación de RAFA se basa en denuncias previas, incluyendo una realizada por Elisa Carrió en 2006 sobre el supuesto vaciamiento de YPF, y un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) de 2018 que detalla las maniobras financieras del Grupo Petersen para adquirir acciones de YPF. Irazú sostiene que el fallo actual es resultado de un fraude procesal que busca legitimar actividades corruptas y solicita una investigación criminal al respecto.
El caso por la expropiación de YPF comenzó en 2012, cuando el gobierno argentino tomó el 51% de la empresa sin cumplir con el estatuto que exigía una oferta pública de adquisición. Como consecuencia, los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park demandaron al Estado argentino en EE.UU. en representación de los exaccionistas del Grupo Petersen, la firma que había comprado el 25% de YPF a Repsol en 2008 con financiamiento bancario.
Según la denuncia de RAFA, el Grupo Petersen habría actuado como un testaferro de la familia Kirchner, ya que no aportó capital propio para la compra y su plan de pago dependía exclusivamente de los dividendos de YPF. Sin embargo, tras la expropiación, esos dividendos dejaron de pagarse, lo que llevó a la quiebra del grupo en España. Sus acreedores vendieron la participación a los fondos demandantes, quienes lograron en 2023 un fallo favorable de la jueza Preska contra Argentina.
RAFA argumenta que este esquema fue fraudulento y que la demanda presentada en EE.UU. busca legitimar maniobras corruptas. Como prueba, cita denuncias previas, incluyendo una de Elisa Carrió en 2006 sobre el vaciamiento de YPF y un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) de 2018 que detalla las maniobras financieras del Grupo Petersen.
Cómo sigue
El Gobierno argentino e YPF tienen hasta este martes para responder a la solicitud de RAFA. Si la jueza Preska acepta la petición, el fallo podría ser revisado o anulado, lo que impactaría directamente en las obligaciones financieras de Argentina. Mientras tanto, el fondo Burford Capital ya ha vendido parte de su participación en la indemnización a terceros inversionistas no identificados, lo que agrega incertidumbre al desenlace del caso.
Esta denuncia podría tener un impacto significativo en la disputa legal en curso sobre la expropiación de YPF y las obligaciones financieras de Argentina derivadas de dicha acción.
