Comenzaron a juzgar a un ex Intendente acusado de formar parte de una red de prostitución VIP

Se trata de Carlos Villalba, ex jefe comunal de la ciudad de Salvador Massa, en la provincia de Salta. Según la fiscalía, la organización que presuntamente integraba junto a su ex esposa captaba a mujeres en situación de vulnerabilidad y las obligaba a prostituirse a través de amenazas, retención de documentos y falsas deudas.

El ex intendente de Salvador Massa, Carlos Villalba comenzó a ser juzgado por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Se investiga una red de «prostitución VIP« que operaba en viviendas particulares y hoteles.

El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, integrado por los jueces Gabriela Catalano, Domingo Batule y María Alejandra Cataldi. Según la fiscalía, la red captaba mujeres en situación de vulnerabilidad y las sometía a explotación sexual a través de amenazas, retención de documentos y falsas deudas.

Entre los acusados se encuentran también Nancy Viviana Gómez, Mercedes Baigorria y Roberto Quintian Ramírez, quienes presuntamente administraban los locales donde fueron rescatadas a varias víctimas. Además, la justicia declaró en rebeldía a Marisel Llanes, considerada la líder de la red y expareja de Villalba, y a Francisco Marcelo Russo, administrador de otro local.

Durante la apertura del juicio, la defensa intentó frenar el proceso argumentando irregularidades en la elevación a juicio, pero el tribunal rechazó por unanimidad los planteos.

El ex intendente Carlos Villalba fue destituido de su cargo en el año 2013.

La fiscalía, representada por el fiscal general Carlos Martín Amad, sostiene que los acusados obtenían grandes ganancias facilitando la explotación sexual en hoteles y departamentos, promoviendo los servicios en Internet y otros medios. La investigación también reveló nexos con otra organización en Calama, Chile.

De acuerdo a la hipótesis de la fiscalía, la organización captó a mujeres jóvenes en estado de vulnerabilidad, que eran obligadas a prostituirse mediante amenazas y otras maniobras de coacción, como la retención del documento de identidad o la generación de supuestas deudas, que no les permitían cortar el vínculo.

Para la Justicia Llanes sería la principal responsable de esta organización, dado que ella era la que obtenía las principales ganancias de la actividad. La investigación estableció su nexo con el resto de los acusados, entre ellos el exintendente, quien era su pareja y fue sindicado como responsable del traslado de las víctimas para que fueran sometidas a la explotación sexual.

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