En un fallo dividido, el máximo tribunal rechazó el intento del gobierno de Donald Trump de suspender temporalmente la entrega de 2 mil millones de dólares en asistencia al desarrollo exterior. La medida se mantendrá en pausa hasta que se resuelva el conflicto.
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó, en un fallo dividido, la solicitud del Gobierno de Donald Trump de mantener congelados los 2 mil millones de dólares en ayuda exterior aprobada por el Congreso.
El caso surge a raíz de una demanda interpuesta por la Coalición de Defensa de la Vacuna contra el SIDA, una organización con sede en Nueva York que trabaja para acelerar la prevención del VIH, y la Red de Desarrollo del Periodismo. La administración Trump había decidido congelar la ejecución de la ayuda durante 90 días para evaluar si los programas financiados estaban alineados con los objetivos de política exterior del país.
Sin embargo, el juez de distrito consideró que la suspensión total de los fondos podía ser arbitraria y carente de justificación suficiente, al no analizarse el impacto sobre las organizaciones y personas que dependen de estos recursos. Entre los argumentos clave, destacó que la medida gubernamental «perjudicaba misiones humanitarias y organismos internacionales, lo que llevó a la interrupción de operaciones de la ONU y ONG en Myanmar, Afganistán y Ucrania».
Además, señaló que «podría generar daños irreversibles, ya que muchas de las iniciativas afectadas no podrían reanudarse fácilmente tras la suspensión».
El gobierno apeló la orden ante la Corte Suprema, solicitando que se anulara la decisión del tribunal de distrito y permitiera continuar con la medida. La Corte, sin embargo, negó la solicitud, lo que significa que el gobierno debe transferir los fondos.
Cómo sigue
La decisión de la Corte Suprema no resuelve el caso de fondo, pero impide al gobierno de Trump seguir bloqueando los fondos mientras la discusión avanza. Ahora, la administración deberá cumplir con la orden de distribución mientras continúan las audiencias en tribunales inferiores.
En su voto disidente, el juez Samuel Alito criticó duramente la decisión, argumentando que la Corte se extralimitó en su poder, imponiendo una obligación financiera de 2.000 millones de dólares sin considerar los efectos a largo plazo.
Según Alito, la orden es irreversible en la práctica, ya que una vez que los fondos sean desembolsados, difícilmente podrán ser recuperados.
