La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió apartar a la Unidad de Información Financiera (UIF) del rol de querellante en una causa por supuesto lavado de activos vinculada al caso Cuadernos y a la viuda del ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.
En este caso, consideró que el organismo ya no tiene facultades legales para ejercer esa función tras la derogación del decreto que lo habilitaba, una decisión que la UIF anunció apelara y en ese caso, podría llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los jueces Mariano Borinsky, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci hicieron lugar a recursos de las defensas y revocaron la resolución del Tribunal Oral Federal 7, que había rechazado el pedido de exclusión del organismo.
Esta investigación sobre maniobras de lavado de activos con bienes y dinero del fallecido ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, está elevada a juicio, pero aún en preparación y no forma parte del debate oral del caso Cuadernos que empezó el 6 de noviembre.
Motivos de la decisión
La decisión se apoya en el Decreto 274/2025, dictado por el Poder Ejecutivo en abril pasado, que eliminó la potestad de la UIF de actuar como parte querellante en causas penales por lavado de activos o delitos precedentes, en línea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El juez Borinsky, autor del voto principal, sostuvo que “corresponde atender al planteo formulado por las defensas en cuanto a la imposibilidad de que el organismo continúe ejerciendo el rol de parte querellante en estas actuaciones, por carecer en la actualidad de facultades legales a tal fin”. No obstante, aclaró que la validez de los actos cumplidos por la UIF se mantiene incólume.
En su voto concurrente, Mahiques coincidió en que, a partir de la entrada en vigencia del decreto, la UIF “carece de facultades para querellar en procesos como el presente”, y destacó que la modificación normativa “resulta aplicable de pleno derecho desde su entrada en vigor”.
Yacobucci, por su parte, remarcó que el cambio normativo “debe ser atendido en su terminante resignificación jurídica”, ya que la nueva regulación “deja sin legitimación sustancial y procesal el ejercicio de ese rol”.
La Sala I de Casación en otras causas derivadas de Cuadernos que sí llegaron a juicio declaró inadmisible horas antes del comienzo de ese debate planteos de empresarios acusados para apartar como querella al organismo antilavado sin analizar el fondo de la cuestión.
La UIF actúa en ese rol en el juicio que comenzó el 6 de noviembre pasado.
Qué dice el Decreto 274/2025
- El Decreto 274/2025, firmado por el Poder Ejecutivo en abril de este año, derogó el Decreto 2226/2008, que permitía a la UIF intervenir como querellante en causas de lavado de dinero o delitos precedentes.
- La medida se basó en recomendaciones del GAFI, que advirtió que la actuación de las unidades de inteligencia financiera como querellantes podía comprometer su independencia y superponer funciones con el Ministerio Público Fiscal.
- Desde su publicación en el Boletín Oficial (16 de abril de 2025), la UIF perdió la facultad legal de intervenir como parte acusadora.
- La discusión alcanza procesos resonantes como Cuadernos, Hotesur-Los Sauces y Vialidad, donde la UIF interviene o intervino como querellante y se plantea su continuidad en medio de dos posturas: que la decisión no afecta a las causas penales donde ya estaba constituida en ese rol y sólo a las nuevas abiertas desde la firma del Decreto o, como ahora resolvió Casación en este caso, tiene efecto inmediato en todas las causas en general.
Qué se investiga
La causa “Plo, María Jesús y otros” es una derivación del expediente por lavado de dinero vinculado al ex secretario presidencial Daniel Muñoz y su viuda, Carolina Pochetti.
Tras su muerte, en 2016, la justicia detectó maniobras de lavado de activos presuntamente ejecutadas por su entorno: su viuda Carolina Pochetti, su abogado Miguel Ángel Plo, la hija de éste María Jesús Plo, y otros colaboradores como Federico Zupicich, Carlos Gellert y Elizabeth Ortiz Municoy.
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sostiene que el grupo habría blanqueado dinero de origen ilícito mediante estructuras financieras y societarias, aplicándolo a la compra de bienes en el exterior.
El caso fue instruido por el juez Claudio Bonadío, quien ordenó la formación de un legajo separado del expediente principal y lo elevó a juicio ante el Tribunal Oral Federal 7, bajo la calificación de lavado de activos agravado y asociación ilícita.
Esta investigación aún no tiene fecha de inicio del juicio oral.
