El Ejecutivo acusa a hinchas de fútbol y sectores opositores de intentar desestabilizar al Gobierno mediante actos violentos durante una manifestación de jubilados. La investigación resultó sorteada en el juzgado federal 11 de Comodoro Py 2002, subrogado por el juez federal Sebastián Casanello.
Lo que importa
El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal por los delitos de sedición, atentado al orden constitucional y asociación ilícita agravada.
“Los hechos denunciados surgen de una violencia enmascarada en una protesta social, cuyo objetivo real fue desestabilizar al gobierno del presidente Javier Milei”, afirma la denuncia firmada por Fernando Soto, Director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio
Los delitos denunciados son sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática y asociación ilícita agravada.
“Los principales organizadores de la violenta movilización habrían sido Leandro Capriotti y sectores vinculados a la política y al sindicalismo”. Además, se denuncia la participación de barras bravas de clubes como Boca, River, Independiente, Racing, Chacarita, Gimnasia, Lanús y All Boys, entre otros.
«Esos grupos actuaron clara y evidentemente en forma
Denuncia del Gobierno nacional
organizada, movilizando un gran número de personas que ejercieron actos de
violencia de extrema gravedad»
El Gobierno también apunta a la financiación de los disturbios, afirmando que “los principales grupos de barras partieron desde las municipalidades de La Matanza y Lomas de Zamora” y que estos sectores estarían vinculados a los intendentes Fernando Espinoza y Federico Otermín.
Contexto
El 12 de marzo, una marcha convocada para exigir mejoras en las jubilaciones derivó en un enfrentamiento violento con las fuerzas de seguridad en la zona del Congreso. Según la denuncia, “los grupos movilizados nada tenían que ver con una convocatoria de personas mayores de edad jubiladas”, sino que estaban integrados por “barras bravas, gremialistas y militantes políticos organizados para generar disturbios”.
El Gobierno sostiene que “estos grupos llegaron con piedras, armas blancas, armas de fuego y elementos incendiarios” y que la protesta derivó en “agresiones directas contra la policía, quema de un patrullero y destrozos en la vía pública”. Como resultado, más de una docena de agentes resultaron heridos.
Además, el fotoperiodista Pablo Grillo fue internado en el Hospital Ramos Mejía tras recibir el impacto de un proyectil en la cabeza. La denuncia describe que “el periodista estaba ubicado detrás de un objeto incendiado y fue alcanzado por un gas lacrimógeno disparado en trayectoria horizontal”.
Cómo sigue
Tras los disturbios, la jueza Karina Andrade ordenó la liberación de más de 100 detenidos. Según la denuncia del Ministerio de Seguridad, la magistrada actuó “sin acceder a las actuaciones, sin controlar la prueba y sin verificar la existencia de antecedentes penales de los detenidos” y pidió que el fuero federal le pida la inhibición por incompetencia para que no intervenga más en el caso.
Por esta razón, el Gobierno anunció que “se está evaluando la presentación de una denuncia penal contra la jueza por prevaricato y violación de los deberes de funcionarios públicos”. También solicitaron que el caso pase a la Justicia Federal, ya que consideran que los delitos cometidos afectan el orden democrático nacional.
Por último, la denuncia advierte que los grupos violentos planean repetir las protestas cada miércoles, lo que anticipa una escalada en la confrontación entre el Gobierno y los sectores opositores. “Las organizaciones que ejercieron violencia ya anticiparon que volverán a ejercerla”, concluye el escrito judicial.
