El legislador porteño Yamil Santoro presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad contra la jueza Karina Andrade. La acusa de mal desempeño, maltrato laboral y decisiones judiciales que afectan la seguridad pública. En la misma resalta la alta rotación de empleados en su juzgado y una reciente resolución que liberó a más de 100 detenidos tras incidentes en el Congreso.
Contexto
Desde la Fundación Apolo, dirigida por Santoro, se ha señalado que entre junio de 2021 y marzo de 2025, cinco secretarios renunciaron debido a un ambiente laboral hostil en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad. «Detectamos que la jueza Andrade ejerce un maltrato permanente hacia su personal, lo que generó una alarmante rotación de empleados que no soportaban el clima de trabajo», afirmó Santoro.
A esto se suma una polémica decisión judicial tomada el 12 de marzo, cuando Andrade ordenó la liberación de 114 detenidos por disturbios en las inmediaciones del Congreso. Santoro calificó la resolución como «arbitraria» y denunció que busca «obstaculizar una política pública de seguridad».
El documento presentado ante el Consejo de la Magistratura porteño argumenta que esta medida constituye «mala praxis judicial» y cita antecedentes en los que el Superior del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas cuestionó fallos similares de la magistrada, quien explicó las razones de su polémica decisión.
Cómo sigue
La denuncia también menciona otros episodios cuestionados de su gestión, como una demora injustificada en la liberación de un detenido en la causa N° 92972/2024. Según la presentación, Andrade rechazó la prisión preventiva de un imputado, pero omitió notificar a las autoridades correspondientes, lo que provocó que la persona estuviera detenida una semana más de lo debido.
El Consejo de la Magistratura deberá evaluar si abre una investigación formal contra la jueza, lo que podría derivar en sanciones o incluso en su remoción del cargo.
Mientras tanto, Santoro y la Fundación Apolo seguirán el caso de cerca. «Es inaceptable que una jueza abuse de su posición de poder para maltratar a sus empleados y tome decisiones que pueden fomentar la violencia y la impunidad», concluyó el legislador.
