Karina Andrade explicó que su decisión fue «estrictamente jurídica y apegada a la Constitución Nacional». «Estas detenciones no estaban siendo informadas en un control básico de detención. No se cumplían los requisitos básicos de información al juez», dijo en una entrevista.
La jueza penal y contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, que el miércoles pasado ordenó liberar a los 114 detenidos por los incidentes en la marcha de los jubilados, defendió su decisión y aseguró que «priorizó los derechos».
«No fue una decisión trasnochada, fue una decisión en el marco de priorización de derechos. Estas detenciones no estaban siendo informadas en un control básico de detención. No se cumplían los requisitos básicos de información al juez», dijo Karina Andrade en una entrevista con el programa de Acá en Más que conduce María O’Donnell.
La magistrada explicó que la sentencia deja en claro «cuál es el ABC de la detención» de una persona en nuestro país. «Mi argumento fue estrictamente jurídico, apegado a la Constitución Nacional», señaló.
La jueza fue blanco de ataques del oficialismo en las últimas horas. El vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que «milita la impunidad y es cómplice», mientras el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona adelantó que analizarán su actuación ante el Consejo de la Magistratura de CABA por «posible incumplimiento de sus funciones».
Andrade evitó la polémico y aseguró que «es una obligación para los jueces de turno tomar decisiones». «Resolvemos con los elementos que tenemos en el momento que debemos resolver y que podemos, y debemos diferenciar la necesidad de una respuesta rápida, conforme a la Constitución Nacional», argumentó.
«Fui muy clara en la resolución», señaló y explicó que tuvo que «advertir cuáles eran las personas que necesitaban una respuesta rápida, cuáles eran los derechos que había que preservar y cuáles después». «Toda orden de libertad, por supuesto, queda supeditada a que no haya un impedimento legal», indicó.
No obstante, Andrade aclaró que «cualquier persona que tiene un pedido de captura no obtiene la libertad». «Lo único que importaba era si tenía un pedido de captura. Si tenían antecedentes forma parte de la investigación. Eso lo va a tener que traer la Fiscalía», precisó.
La jueza reveló que «las autoridades no aportaron la información como para justificar la flagrancia y dejarlos presos mientras se lleva adelante la investigación». «Venimos de una historia de jueces que detienen e investigan. Y acá mi función es completamente distinta. Control de legalidad en un contexto de un ejercicio de un derecho constitucional», explicó.