Profesores titulares de diversas universidades nacionales, miembros de la Asociación Argentina de Profesoras y Profesores de Derecho Penal (AAPDP), emitieron un pronunciamiento en defensa de los derechos fundamentales y la independencia judicial. En el documento, exigen el respeto irrestricto de normas constitucionales e internacionales que garantizan la libertad de expresión, el derecho de reunión y la petición a las autoridades. Además, expresaron su respaldo a la jueza Karina Andrade, cuestionada por su accionar en los recientes disturbios frente al Congreso.
Contexto
El pronunciamiento de los juristas surge en un contexto de creciente debate sobre la criminalización de la protesta social y el uso del derecho penal como herramienta de control. «Es imperioso resaltar la irrestricta vigencia de normas de superior jerarquía internacional y constitucional vinculadas al ejercicio de los derechos de libertad de reunión, de expresión y de peticionar a las autoridades», sostienen en el comunicado.
En este marco, también remarcan la necesidad de garantizar la independencia de los magistrados y advierten sobre los riesgos de la presión política en el ámbito judicial. En particular, respaldan la labor de la jueza penal Karina Andrade, quien tomó decisiones controvertidas en relación con los incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso Nacional.
Cómo sigue
Los juristas fundamentan su postura en la misiva enviada por el Papa Francisco a la AAPDP el 9 de noviembre de 2022, en la que el Sumo Pontífice exhortó a los expertos en derecho penal a «contrarrestar la irracionalidad punitiva» y alertó sobre «la arbitrariedad y el abuso de las fuerzas de seguridad, la criminalización de la protesta social y el menoscabo de las garantías penales y procesales más elementales».
En la carta, Francisco también destacó la importancia de una reflexión ética y humanista en el derecho penal, advirtiendo sobre el peligro de un enfoque deshumanizado que ignore las consecuencias sociales de las decisiones judiciales. Además, expresó su preocupación por el uso excesivo del encarcelamiento y el deterioro de las condiciones de detención, así como por la necesidad de nuevas formas de protección jurídica del ambiente y los efectos de la inteligencia artificial en la dignidad humana.
El pronunciamiento cuenta con la firma de reconocidos juristas como Matilde Bruera (UNR), Alejandro W. Slokar (UBA/UNLP), Daniel Erbetta (UNR), Marcelo Riquert (UNMdP), Ricardo Álvarez (UNL), Omar Palermo (UNCuyo) y Javier De Luca (UBA), entre otros.
