El juez federal Alejo Ramos Padilla hizo lugar a una medida cautelar y dejó sin efecto la transformación del Banco Nación en sociedad anónima. Argumentó que cualquier cambio en su estructura debe ser tratado por el Congreso.
El juez federal Alejo Ramos Padilla resolvió suspender la aplicación del Decreto 116/2025, que disponía la transformación del Banco de la Nación Argentina (BNRA) en una sociedad anónima. La decisión fue en respuesta a la medida cautelar que solicitó la Asociación Bancaria, gremio que agrupa a los trabajadores del sector y que encabeza Sergio Palazzo.
El magistrado sostuvo que «cualquier modificación en la naturaleza jurídica del Banco Nación debe pasar por el Congreso», ya que su creación responde a una ley específica. En su fallo, remarcó que «el Banco de la Nación Argentina es una entidad cuya creación compete al Congreso Nacional. Por lo tanto, es este poder el único que puede revocar su carácter».
En el fallo se indica que la suspensión del decreto «tendrá vigencia por al menos seis meses, hasta que se resuelva la cuestión de fondo en la causa principal».
Contexto
La causa se inició tras la publicación del Decreto 116/2025, con el cual el Poder Ejecutivo Nacional buscaba transformar al Banco Nación en una sociedad anónima bajo el régimen de la Ley General de Sociedades N° 19.550. Esta medida generó un fuerte rechazo por parte del gremio bancario y distintos sectores políticos, que advirtieron sobre los riesgos de una eventual privatización.
De acuerdo con los fundamentos de la resolución judicial, el decreto entraba en contradicción con el fallo previo del 25 de septiembre de 2024, donde se estableció que la privatización del Banco Nación solo podía realizarse mediante una ley del Congreso.
La demanda presentada por la Asociación Bancaria planteó que el decreto implicaba una maniobra encubierta para privatizar la entidad, y que ponía en riesgo la estabilidad laboral de sus empleados y el acceso al crédito para sectores estratégicos.
Por su parte, el Gobierno defendió la medida argumentando que la conversión en sociedad anónima permitiría una gestión más eficiente y flexible, asegurando que el Estado seguiría manteniendo la propiedad mayoritaria de la entidad.
Con la cautelar en vigencia, el Gobierno no podrá avanzar con la transformación del Banco Nación hasta que se resuelva la cuestión de fondo. En paralelo, la causa judicial continuará su curso y es probable que el fallo sea apelado ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.
