El fiscal federal Franco Picardi recibió la causa delegada por el juez Sebastián Casanello y, en este contexto, pidió al Ministerio de Seguridad Nacional que incorpore evidencias a la denuncia por sedición que presentó.
Lo que importa
La causa se originó tras una denuncia del director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio Fernando Soto, por orden de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El juez federal Sebastián Casanello delegó la investigación en el fiscal Picardi, quien en su primer dictamen solicitó que el Ministerio de Seguridad aporte registros completos de las llamadas recibidas en la línea 134, entre otras posibles evidencias en relación a lo mencionado en la denuncia.
Según la presentación, en esas comunicaciones ciudadanos habrían reportado, basándose en imágenes televisivas, la presencia de barrabravas en la manifestación, algunos de ellos portando armas. Además, se pidió documentación sobre grupos que, según el Gobierno, «nada tenían que ver con una convocatoria de personas mayores de edad jubiladas» y que habrían perpetrado agresiones contra las fuerzas policiales.
El fiscal también solicitó información sobre las afirmaciones que señalan a Leandro Capriotti como el principal organizador de la movilización violenta y datos sobre los presuntos grupos de barras bravas provenientes de La Matanza y Lomas de Zamora.
En su presentación, el Ministerio de Seguridad aseguró que la violencia fue premeditada y organizada y que los agresores llevaron palos, fierros, armas blancas, armas de fuego, clavos tipo «miguelito» y elementos para iniciar incendios, con el fin de causar daños y lesiones.
La denuncia se presentó por supuestos delitos de sedición, atentado al orden constitucional y asociación ilícita agravada.
Denuncias por violencia policial
En paralelo a la investigación del fiscal Picardi, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) presentó dos denuncias por la represión policial durante la marcha. Las denuncias se centran en dos casos:
- Beatriz Blanco, una jubilada de 87 años, quien fue golpeada por un efectivo policial y cayó al suelo, sufriendo una herida en la cabeza.
- Pablo Grillo, reportero gráfico, gravemente herido en la cabeza por el disparo un gas lacrimógeno e internado en estado reservado en el Hospital Ramos Mejía.
Las denuncias fueron radicadas ante la Cámara del Crimen y están en manos del fiscal Daniel Togni y del juez Jorge López.
PROCUVIN basó su presentación en información difundida por los medios y pidió a la Justicia que requiera al Ministerio de Seguridad el listado del personal policial que participó del operativo y los datos de la sala de operaciones para identificar a los responsables de los hechos denunciados.
Contexto
El 12 de marzo, una marcha convocada para exigir mejoras en las jubilaciones derivó en un enfrentamiento violento con las fuerzas de seguridad en la zona del Congreso. Según la denuncia, “los grupos movilizados nada tenían que ver con una convocatoria de personas mayores de edad jubiladas”, sino que estaban integrados por “barras bravas, gremialistas y militantes políticos organizados para generar disturbios”.
El Gobierno sostiene que “estos grupos llegaron con piedras, armas blancas, armas de fuego y elementos incendiarios” y que la protesta derivó en “agresiones directas contra la policía, quema de un patrullero y destrozos en la vía pública”. Como resultado, más de una docena de agentes resultaron heridos.
Cómo sigue
La Justicia avanzará sobre denuncias cruzadas que se fueron presentando luego de los graves incidentes en la marcha de jubilados del miércoles último
Desde el Gobierno piden investigar delitos como «sedición» mientras que la Procuraduría especializada en violencia institucional y otros denunciantes aluden a la represión desmedida por parte de las fuerzas de seguridad.
