Aldo Gerosa estaba a cargo de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Sexual y Familiar de la ciudad de Reconquista. En una sesión conjunta de diputados y senadores fue destituido de su cargo por unanimidad y quedó inhabilitado para ocupar cargos en el Ministerio Público de la Acusación.
La Legislatura de Santa Fe destituyó por unanimidad al fiscal Aldo Gerosa, quien estaba a cargo de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Sexual y Familiar de la ciudad de Reconquista.
La remoción fue decidida en una sesión conjunta de diputados y senadores, y se basó en acusaciones por mal desempeño a partir de su manejo de casos de abuso sexual y violencia de género. Nadie se opuso: hubo 58 votos a favor y ninguno en contra, un hecho poco común en este tipo de procesos.
La decisión estableció, además, una inhabilitación de diez años para ocupar cargos en el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Los argumentos
El proceso se basó en un informe de la Comisión Bicameral de Acuerdos, que evaluó su actuación en base a múltiples expedientes y testimonios de víctimas y especialistas. Determinó, por ejemplo, que existían pruebas suficientes para su destitución por mal desempeño, y que su permanencia en el cargo «ponía en riesgo la administración de justicia en casos de violencia de género y abuso sexual».
Según los informes presentados, Gerosa habría incurrido en irregularidades en la tramitación de múltiples causas con acciones que supuestamente habrían favorecido a los agresores y perjudicado a las víctimas.
Entre otras cosas fue acusado de revictimizar a denunciantes de abuso mediante interrogatorios inapropiados, demorar investigaciones y archivar causas sin justificación, y beneficiar a los agresores con juicios abreviados y penas reducidas, como ocurrió en el caso de Marcelo Galaz, ex secretario del ex intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpin.
El caso de Galaz resultó clave en la investigación contra Gerosa. El funcionario, acusado de abuso sexual, recibió una condena mínima a partir de un juicio abreviado impulsado por Gerosa, lo que generó fuertes críticas por parte de organizaciones feministas y de derechos humanos.
La diputada socialista Rosana Bellatti, quien presentó la acusación contra el fiscal, aseguró que el desempeño de Gerosa resultó «altamente perjudicial para víctimas en situaciones de extrema vulnerabilidad». Su falta de acción en diversas denuncias, agregó, contribuyó a la impunidad de agresores y expuso a las víctimas a un doble sufrimiento.
Por su parte, el diputado radical Fabián Palo Oliver afirmó que «su actuación en casos de violencia de género resultaba sistemáticamente errónea, revictimizando a mujeres y niñas, y usando los juicios abreviados como herramienta para reducir penas».
En tanto, la defensa de Gerosa intentó argumentar que la falta de recursos en la Fiscalía de Reconquista limitaba su capacidad de acción. También sostuvo que nunca recibió directivas claras sobre cómo proceder en los casos de violencia de género y abuso.
Gerosa incluso sugirió que podría estar siendo víctima de una operación política y judicial, aunque no presentó pruebas concretas.
