La iniciativa fue distinguida con el primer premio en el XVII Congreso Nacional del Secretariado. Propone redefinir el rol del secretario judicial, incorporar herramientas de Inteligencia Artificial y aplicar metodologías de gestión utilizadas en el sector privado para agilizar la tramitación de causas complejas.
La transformación digital ya no es una promesa lejana para el Poder Judicial. Mientras distintos tribunales del país exploran cómo incorporar nuevas tecnologías para mejorar su funcionamiento, una experiencia nacida en el norte argentino acaba de recibir uno de los reconocimientos más importantes del ámbito judicial.
Durante mayo, la provincia de Tucumán fue sede del XVII Congreso Nacional del Secretariado, la Función Judicial y Ministerio Público organizado por la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) y la Asociación local (AMT), un encuentro que reunió a funcionarios judiciales de todo el país para debatir los desafíos que enfrenta la administración de justicia en un contexto atravesado por la digitalización, los cambios normativos y la creciente complejidad de los conflictos. El evento concluyó con la premiación de las ponencias más destacadas, reflejando una preocupación compartida: cómo modernizar las estructuras judiciales sin perder calidad institucional.
En ese marco, el primer premio fue otorgado al Dr. Marcelo Luis Velasco, secretario de Primera Instancia del Juzgado Penal Económico de Jujuy, por su trabajo titulado “El rol del secretariado judicial en la actualidad: la implementación de un agente de IA en el Juzgado Penal Económico de Jujuy”. La propuesta recibió una calificación de “excelente” por parte del jurado, que destacó tanto su solidez conceptual como la posibilidad de aplicarla de manera inmediata en la gestión cotidiana de los tribunales.
Repensar el rol del secretario judicial
Uno de los aspectos más valorados de la iniciativa es que propone una revisión profunda del papel que desempeña el secretariado dentro de la estructura judicial.
Según destaca el dictamen del jurado, el proyecto abandona la concepción tradicional del secretario como un mero funcionario administrativo encargado de certificar actos procesales y custodiar expedientes. En su lugar, plantea una figura con capacidad de articulación estratégica, capaz de conectar a jueces, empleados, abogados, organismos públicos y ciudadanos dentro de un sistema de trabajo más dinámico e integrado.
La propuesta parte de un diagnóstico concreto: buena parte de la normativa que regula las funciones de los secretarios fue diseñada para una Justicia basada en expedientes de papel, libros de registro y trámites presenciales. Sin embargo, la realidad actual está marcada por legajos digitales, firmas electrónicas, audiencias remotas y sistemas informáticos de gestión que modificaron por completo la dinámica de trabajo.
Frente a este escenario, Velasco propone reemplazar el tradicional esquema vertical de funcionamiento por un modelo “horizontal-cíclico”, donde el secretario asuma un rol central en la coordinación de todos los actores que intervienen en el proceso judicial, incluida la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).
El desafío de las causas económicas complejas
La iniciativa cobra especial relevancia en el ámbito del fuero Penal Económico, una jurisdicción atravesada por transformaciones normativas permanentes y por investigaciones que requieren cada vez mayores niveles de especialización técnica.
El trabajo señala que la implementación del sistema acusatorio adversarial en Jujuy convive con reformas nacionales recientes que impactan directamente en la actividad de los juzgados. Entre ellas se encuentra la nueva Ley de Lavado de Activos, que incorpora herramientas para el seguimiento de criptoactivos, así como los posibles efectos de la futura denominada “Ley de Inocencia Fiscal”, que podría obligar a revisar numerosas causas tributarias en trámite bajo el principio de aplicación de la ley penal más benigna.
A ello se suma la necesidad de interactuar de manera permanente con organismos especializados como la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ANSES y la Comisión Nacional de Valores (CNV), generando un volumen creciente de información que exige nuevas herramientas de procesamiento y análisis.
Inteligencia Artificial para asistir, no para reemplazar
En ese contexto aparece uno de los aspectos más innovadores de la propuesta: la incorporación de un agente de Inteligencia Artificial diseñado específicamente para asistir a la oficina judicial.
El proyecto deja en claro que la tecnología no pretende sustituir el razonamiento jurídico ni la toma de decisiones humanas. Por el contrario, plantea utilizar la IA como una herramienta de apoyo destinada a procesar grandes volúmenes de información técnica, verificar plazos procesales, detectar riesgos de prescripción, controlar umbrales penales y automatizar tareas repetitivas que consumen tiempo y recursos.
La premisa es sencilla pero ambiciosa: liberar capacidad operativa para que jueces y funcionarios puedan concentrarse en aquellas decisiones que requieren análisis jurídico, criterio profesional y valoración humana.
Herramientas del management aplicadas a la Justicia
Otro de los rasgos distintivos de la ponencia es que traslada al ámbito judicial metodologías ampliamente utilizadas en organizaciones privadas y equipos de alta productividad.
Entre las herramientas propuestas se encuentra la Matriz de Eisenhower, que permite distinguir tareas urgentes de aquellas verdaderamente importantes para la gestión estratégica del juzgado. También incorpora el método GTD (Getting Things Done), orientado a organizar y procesar de manera eficiente los requerimientos que ingresan diariamente al sistema informático judicial.
La iniciativa además propone implementar tableros Kanban adaptados a la realidad judicial, que permitan visualizar en tiempo real el estado de cada expediente y detectar cuellos de botella en la tramitación de las causas. A ello suma principios de Lean Management y el ciclo PDCA, herramientas orientadas a la mejora continua y a la eliminación sistemática de tareas que no generan valor para el servicio de justicia.
Objetivos concretos y medibles
Lejos de quedarse en el plano teórico, el proyecto establece metas específicas para evaluar su impacto.
Entre los indicadores propuestos figura la reducción del 25% en el tiempo promedio de tramitación de causas tributarias en un plazo de seis meses, la eliminación de riesgos asociados a vencimientos o prescripciones no detectadas y una disminución del 40% en los tiempos destinados a la elaboración de oficios mediante el uso de plantillas inteligentes y procesos estandarizados.
La propuesta apunta, en definitiva, a construir una oficina judicial más eficiente, capaz de responder con mayor rapidez a fenómenos económicos y financieros cada vez más sofisticados.
Una señal sobre hacia dónde avanza la Justicia
La distinción obtenida por el trabajo de Marcelo Velasco trasciende el reconocimiento individual. También funciona como una señal de los cambios que comienzan a ganar espacio dentro de los tribunales argentinos.
La digitalización de expedientes fue apenas el primer paso. Hoy el debate parece desplazarse hacia cuestiones más profundas: cómo reorganizar el trabajo judicial, cómo aprovechar las herramientas de Inteligencia Artificial sin afectar garantías procesales y cómo construir estructuras capaces de gestionar información compleja con mayor velocidad y precisión.
El premio otorgado en Tucumán muestra que esas discusiones ya dejaron de pertenecer exclusivamente al mundo académico. La innovación, la gestión basada en datos y la incorporación responsable de nuevas tecnologías empiezan a ocupar un lugar central en la agenda de quienes piensan el futuro de la Justicia argentina.
