La defensa de la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner presentó este lunes un recurso de queja directo ante la Corte Suprema de Justicia para intentar que el máximo tribunal del país acepte revisar la condena a seis años de prisión que se le impuso en la causa Vialidad. Cuáles son los escenarios que se presentan.
Lo que importa
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó este lunes 31 de marzo un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, buscando revertir su condena a seis años de prisión por fraude contra la administración pública en la causa conocida como «Vialidad» y, también, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Lo hizo en una carrera contrarreloj dentro de un año electoral en el cual podría presentarse como candidata a legisladora y, de ser electa, tendría fueros hasta el final de su mandato.
Este recurso es el último intento de la defensa para lograr la absolución de Fernández de Kirchner, algo que reclamará ante la Corte su abogado Carlos Beraldi.
Pero desde la otra vereda, el fiscal federal ante Casación Mario Villar también irá en queja a la Corte para que duplique la condena y se la lleve a doce años de cárcel al sostener que también hubo una «asociación ilícita» que funcionó en el seno del poder politico en Argentina entre 2003 y 2015, encabezada por la ex Presidenta durante sus mandatos.
El Tribunal Oral que condenó a la ex Presidenta y otros acusados los absolvió por mayoría en relación al delito de asociación ilícita, una decisión que confirmó Casación.
La defensa de Cristina busca que la Corte tome el caso reiterando el argumento vinculado a la violación de garantías constitucionales, como el derecho a defensa y a ser juzgado con independencia e imparcialidad.
Contexto
Si admite las quejas, el máximo tribunal analizará las condenas a seis años de prisión impuestas a la ex Presidenta, a los ex funcionarios de su gobierno José López y Nelson Periotti y el empresario y dueño de «Austral Construcciones» Lázaro Báez
En estos casos evaluará el planteo fiscal que pide sumar a esa condena el delito de asociación ilícita y elevar de 6 a 12 años la pena.
También revisará las penas a ex funcionarios del área de Vialidad de Santa Cruz Raúl Pavesi (4 años y 6 meses), Juan Carlos Villafañe (5 años), José Raúl Santibañez (4 años), Mauricio Collareda (4 años) y de Raúl Daruich (3 años y 6 meses)
Por su parte, la fiscalía incluirá en su queja la petición para revocar absoluciones del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, y del ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro.
Además se cuestiona el cálculo que hizo el Tribunal Oral a la hora de fijar para el decomiso la suma de 84 mil millones de pesos una vez que el veredicto quede firme.
Cómo sigue
La situación abre varios escenarios para el futuro de la ex Presidenta y los restantes condenados en la investigación por la adjudicación del 80 por ciento de la obra vial pública en Santa Cruz a empresas vinculadas a Lázaro Báez durante el kirchnerismo.
La condena que dictó en diciembre de 2022 el Tribunal Oral Federal 2 al término de lo que fue el primer juicio que tuvo a Cristina en el banquillo de los acusados ha quedado confirmada por la Cámara Federal de Casación.
A su vez, el máximo tribunal penal federal del país rechazó la semana pasada por inadmisibles los recursos extraordinarios que se le presentaron para que eleve el expediente en apelación a la Corte.
Ante ello, el único camino que queda se la queja directa: el máximo tribunal tendrá que resolver si la abre – en cuyo caso comenzaría a analizar el fallo de Casación y mientras esto suceda la sentencia no estará firme y no comenzará a ejecutarse en ninguno de sus aspectos.
El primer paso luego de una decisión de este tenor será dar vista a la Procuración General de la Nación, a cargo de Eduardo Casal, para que dictamine.
Pero si la Corte rechaza la queja por inadmisible, el veredicto dictado por el Tribunal Oral Federal 2 de la ciudad de Buenos Aires queda firme y serán sus integrantes quienes queden a cargo de comenzar a hacer cumplir las condenas y convertirse en jueces de ejecución de esas penas: es decir serán quienes primero resuelvan si conceden arrestos domiciliarios en razón de edad o salud.
Ese podría ser el caso de la ex Vicepresidenta, quien tiene más de 70 años y podría solicitar el beneficio, aunque no es automático sólo por razones de edad sino que los magistrados valoran otros aspectos antes de resolver.
Ante ambas posibilidades, la Corte no tiene plazos para resolver
Si el máximo tribunal abre la queja, analiza la causa y modifica algún aspecto de la sentencia, el expediente podría volver al Tribunal Oral para que fije nuevo monto de pena.
