Esta decisión del máximo tribunal penal federal del país, cerró la vía del «recurso extraordinario» para que la ex Presidenta logre una revisión de su condena a seis años de prisión en busca de la absolución
Sólo le queda ir en queja directa a la Corte Suprema de Justicia para evitar que quede firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que le impuso el Tribunal Oral Federal 2 por el delito administración fraudulenta.
Lo que importa
La sala IV del máximo tribunal penal federal del país rechazó los recursos extraordinarios ante la Corte presentados por las defensas de los condenados y también por el Ministerio Público Fiscal que buscaba en su caso elevar la pena a la ex Vicepresidenta a doce años de prisión al sumar el delito de asociación ilícita.
“Los agravios presentados constituyen una reedición de aquellos planteados en sus respectivos recursos de casación, por lo que se traducen en meros juicios discrepantes con el criterio expuesto en la sentencia objetada”, sostuvieron los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña en su voto conjunto al rechazar las impugnaciones.
El tribunal enfatizó que los planteos de las defensas no demostraron arbitrariedad ni la existencia de una cuestión federal suficiente para habilitar la instancia extraordinaria ante la Corte Suprema. “No basta con echar mano de la doctrina de arbitrariedad para que prospere la impugnación”, remarcaron.
«No desconocemos la trascendencia del caso, empero, tal como ha precisado la Corte Suprema “(l)a gravedad institucional se vincula con la trascendencia de la sentencia apelada y, en su caso, con la necesidad impostergable de que [esa] Corte haga una declaratoria sobre el punto en discusión», explican los camaristas
Pero «no toda decisión dictada en un caso de trascendencia es en sí misma trascendente, ni reviste gravedad institucional”, concluyeron
Por su parte, el tercer integrante de la Sala, el juez Gustavo Hornos mostró una disidencia parcial en lo relativo a la apelación fiscal para intentar que la Corte revise la absolución de acusados por el delito de asociación ilícita, entre ellos la ex Presidenta
«Advierto que los fundamentos expuestos por el representante del Ministerio Público Fiscal ante esta Cámara Federal de Casación Penal, Mario A. Villar, en torno a la confirmación de la absolución de Lázaro Antonio Báez, Cristina Fernández de Kirchner, José Francisco López y Nelson Guillermo Periotti, en orden al delito de asociación ilícita normado por el art. 210 del Código Penal evidencian un supuesto de arbitrariedad de sentencia que amerita la
intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación conforme a su propia jurisprudencia», evaluó Hornos en minoría.
Hornos votó también en disidencia parcial por declarar admisible el recurso fiscal con relación al monto de decomiso establecido.
“El deber que pesa sobre el Estado Argentino de adoptar las medidas pertinentes para garantizar el recupero efectivo de los activos provenientes de los delitos de corrupción forma parte de nuestro ordenamiento jurídico internacional”, argumentó, citando la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Contexto
La decisión de Casación se conoce el mismo día en que el gobierno de Estados Unidos anunció su decisión de prohibir el ingreso a ese país de la ex presidenta Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia a raíz de las causas por corrupción que se llevan en Argentina.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó en noviembre de 2024 la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua de la ex mandataria para ejercer cargos públicos por fraude al Estado.
El fiscal Mario Villar había solicitado que la pena sea incrementada a doce años, añadiendo el cargo de asociación ilícita al de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública. por el cual Cristina Kirchner ya fue condenada
Por otro lado, la defensa de Fernández de Kirchner busca la absolución.
En la causa Vialidad se juzgó a la exmandataria por favorecer al empresario Lázaro Báez mediante la adjudicación de manera irregular de obras públicas nacionales en la provincia de Santa Cruz. .
La investigación se inició en 2008 tras una denuncia de la entonces diputada Elisa Carrió, que señalaba posibles irregularidades en la asignación de obras viales en Santa Cruz. La causa cobró impulso en 2016 con una auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad que detectó anomalías en 51 proyectos adjudicados a empresas de Lázaro Báez.
Durante el juicio, la fiscalía argumentó que existió un «plan sistemático» para favorecer a Báez, quien habría recibido el 80% de las obras viales en la provincia, muchas de las cuales presentaban sobreprecios o estaban inconclusas.
En diciembre de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 condenó a Fernández de Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta, pero la absolvió del cargo de asociación ilícita.
Junto a ella, fueron condenados Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, entre otros. El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido fue absuelto.
Se trata de la primera condena penal impuesta en juicio oral a la ex Presidenta argentina por hechos de corrupción durante su gobierno, ratificada en una instancia de apelación
Cómo sigue
Ante el rechazo en Casación de los recursos extraordinarios de todos los condenados y de la fiscalía, quedará el camino de la queja directa al máximo tribunal del país, con lo cual la sentencia no quedará firme hasta que se agote esa posibilidad.
La Corte decidirá si admite o no las quejas y no tiene plazos para emitir su resolución.
Paralelamente, el calendario electoral de 2025 avanza, con la posibilidad de que Fernández de Kirchner intente una candidatura. En caso de ser electa, obtendría fueros que podrían impedir su detención mientras ocupe el cargo.
Desde que Casación ratificó la condena, el panorama judicial para la ex Presidenta se complicó porque a fin del año pasado otra sala del máximo tribunal penal federal del país dispuso que sea juzgada en otras dos causas penales, Los Sauces-Hotesur y Memorandum con Irán.
Ambos debates reiniciaron este año su etapa de preparación en los tribunales federales de Retiro.
Quiénes son los condenados
En su veredicto el Tribunal Oral Federal 2 condenó a:
- Cristina Fernández de Kirchner: 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
- Lázaro Antonio Báez: 6 años de prisión, accesorias legales y costas.
- José Francisco López: 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua y costas.
- Nelson Guillermo Periotti: 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua y costas.
- Juan Carlos Villafañe: 5 años de prisión, inhabilitación especial perpetua y costas.
- Mauricio Collareda: 4 años de prisión, inhabilitación especial perpetua y costas.
- Raúl Gilberto Pavesi: 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial perpetua y costas.
- Raúl Osvaldo Daruich: 3 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial perpetua y costas.
- José Raúl Santibañez: 4 años de prisión, inhabilitación especial perpetua y costas.
Además, el tribunal ordenó el decomiso de $84.835.227.378,04, monto que deberá ser actualizado y depositado dentro de los diez días hábiles desde la ejecutabilidad de la sentencia.