La Procuración General de la ciudad de Buenos Aires sostiene que el fallo del juez Roberto Gallardo sobre el operativo de seguridad en la marcha de los jubilados de mañana al Congreso Nacional «es nulo» y reclama que se revoque. Qué argumenta.
El juez Roberto Gallardo ordenó que la Policía de la Ciudad custodie esa marcha de jubilados y prohibió intervenir a las fuerzas de seguridad federales.
Lo que importa
La Ciudad, a través de la Procuración General, presentó la apelación y pidió que se revoque el fallo sobre el control del operativo de seguridad por la manifestación de mañana en el Congreso. Solicitó que se eleve en forma urgente a la Cámara del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo para el tratamiento ante la inminencia de la marcha y movilización anunciada para este miércoles.
El recurso presentado considera improcedente la medida precautoria dictada por “la evidente falta de constatación de requisitos legales para su procedencia, la arbitrariedad de la medida y la ostensible falta de fundamentación, el apartamiento del debido proceso legal y por afectar la división de poderes”.
En los fundamentos expuestos por la Procuraduría se sostiene que la resolución del juez Gallardo es nula. Entre otros aspectos, la apelación argumenta que la medida fue resuelta sin la intervención previa del Gobierno de la Ciudad ni se garantizó el derecho de defensa.
La Ciudad, en ningún momento, renunció al ejercicio de sus competencias en materia de seguridad, se advierte en el recurso.
Argumentos de la apelación
Además, en la apelación se sostiene que Gallardo se arroga facultades propias y excluyentes del Poder Ejecutivo, porque invade a la Administración en cuanto a la “discrecionalidad técnica” para fijar y establecer las políticas de seguridad en el marco de su autonomía, a través del Ministerio de Seguridad de la Ciudad.
También sostiene que el “pronunciamiento recurrido es el producto individual de la voluntad del juez, basada en su simple convicción personal” porque no funda su decisión en premisas válidas y presupone anticipadamente una omisión de la Ciudad en la administración de la seguridad.
La decisión cuestionada afecta el normal desarrollo de las fuerzas de seguridad desplegadas en un ámbito de coordinación con las fuerzas Federales, y se compromete gravemente el interés público, que es el operativo de seguridad, explica el recurso firmado por Agustín Luzzi, Director General de Dictámenes y Litigios Complejos de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Contexto
Gallardo aceptó este lunes el planteo de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) para que el Ministerio de Seguridad no intervenga en la protesta de pasado mañana.
Los gremios habían pedido una medida cautelar para “intimar al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires a coordinar y conducir un operativo de seguridad para la movilización” y para que “delimite en forma previa y concreta los denominados ‘objetivos federales’ cuya custodia estará a cargo de las fuerzas federales, restringiendo su jurisdicción al cuidado de los mismos y no al ejido urbano circundante”.
En el fallo, el juez Gallardo consideró que “no se trata de un planteo abstracto ni de una mera pretensión de control institucional”. “Es una solicitud concreta de tutela judicial urgente frente a un riesgo cierto y razonablemente previsible, vinculado a derechos fundamentales de quienes participarán en la manifestación pública”, señaló.
Para el magistrado “el riesgo invocado -lesión a la integridad física, a la libertad de expresión y al derecho de reunión, sopesado en la opresión de la autonomía de la CABA- no es meramente conjetural ni hipotético, sino que encuentra sustento en hechos pasados verificables y presumiblemente futuros”.
La primera reacción contraria provino de la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, quien denunció al magistrado por “mal desempeño” y anticipó que no se acatará la orden para que fuerzas federales se abstengan de intervenir en el operativo de seguridad de la manifestación.
La presentación fue realizada ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad por Fernando Soto, director de Legales de la cartera de Seguridad.
Cómo sigue
La Ciudad de Buenos Aires reclama que se revoque la sentencia del juez Gallardo de manera urgente ante la inminencia de la manifestación convocada para este miércoles 9 de abril en el Congreso Nacional.
Gallardo tendrá que resolver en primer lugar si concede el recurso y lo eleva al Tribunal de Apelaciones de CABA.
