El caso marca un antes y un después en la jurisprudencia argentina, al ser el primero en condenar la explotación sexual a través de medios digitales (vía streaming). Las víctimas fueron captadas mediante engaños laborales y sometidas a abusos físicos, psicológicos y económicos.
Lo que importa
Fredy Junior Arturo Zea Ricardo, ciudadano peruano de 38 años, fue condenado a 25 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al ser considerado culpable de múltiples delitos: trata de personas con fines de explotación sexual mediante medios digitales, abuso sexual reiterado, lesiones, amenazas, extorsión y tenencia ilegítima de armas de fuego.
El veredicto se conoció al término de un juicio oral a cargo de los jueces María Gabriela López Iñiguez, Guillermo Costabel y Luciano Gorini con acusación del fiscal federal Abel Córdoba.
En su alegato final, la fiscalía remarcó que una de las víctimas captada en plena pandemia de Covid 19 era obligada a someterse a largas jornadas de exposición ante la webcam para transmitir en línea contenido sexual pago vía streaming. Esta nueva modalidad resultó “aún más cruel y tortuosa”, ya que no tenía límite ni descanso, le exigía la exposición constante, el manejo de códigos y lenguajes de exhibición que desconocía.
El juicio comenzó el 4 de octubre del año pasado y a lo largo de diez audiencias declararon 21 testigos y se exhibieron los videos de las Cámaras Gesell de dos de las víctimas
Por primera vez se reconoce y sanciona judicialmente el uso de herramientas digitales -como redes sociales y cámaras web- para perpetrar delitos de trata y explotación sexual.
Contexto
Los hechos tuvieron lugar entre los años 2017 y 2020, en departamentos del barrio porteño de Retiro, donde tres mujeres fueron engañadas bajo falsas promesas de trabajo. Eran obligadas a realizar tareas domésticas y sexuales, aisladas de sus entornos, controladas económicamente y bajo amenazas constantes.
Durante el período más estricto de la pandemia por COVID-19, el condenado adaptó su modalidad de explotación por streaming: una de las víctimas fue obligada a realizar actos sexuales en transmisiones por webcam, un giro que refleja la capacidad de mutación de estos delitos en el entorno digital. Esta forma de explotación sexual online, según el tribunal, “dejó marcas imborrables en la subjetividad” de la víctima.
Una de las mujeres, cuya identidad se preserva, se suicidó en 2021, antes de que Zea Ricardo fuera detenido. La sentencia resalta el impacto devastador de los abusos: «El daño fue tal que una de las víctimas no llegó a ver al acusado responder por lo que le hizo».
Además de la pena privativa de libertad, el tribunal ordenó el embargo de un inmueble ubicado en Ezpeleta, donde el condenado fue finalmente capturado. La propiedad era de su padre y había sido utilizada para esconderlo tras una orden de captura librada por Interpol.
El proceso judicial contó con la labor conjunta del Ministerio Público Fiscal, a través de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de los fiscales Alejandra Mángano y Marcelo Colombo y del Programa de Acompañamiento y Protección a las Víctimas (DOVIC).
El juicio y las pruebas
Durante el juicio, las víctimas relataron los métodos de coerción utilizados: violencia física, abuso sexual, restricción de movimiento, retención de documentos, amenazas de muerte y la imposición de reglas sobre su cuerpo y sus actividades. Se presentaron registros de chats, grabaciones, testimonios de familiares, vecinos y especialistas que corroboraron el relato de las víctimas y el perfil del acusado.
El tribunal concluyó que Zea Ricardo actuó con absoluto desprecio por la dignidad humana. Su accionar fue descripto como sistemático, planificado y sostenido en el tiempo
Cómo sigue
El tribunal hizo lugar a las medidas de reparación patrimonial y no patrimonial que había solicitado la fiscalía en su alegato y ordenó extraer testimonios para investigar la posible participación de otras personas en los hechos, informó el portal fiscales.gob.ar de la Procuración General de la Nación.
