El acuerdo entre ambos ministerios busca agilizar y mejorar la notificación de resoluciones judiciales que impliquen la inhabilitación de profesionales de la salud.
Los ministros de Justicia y Salud de la Nación, Mariano Cúneo Libarona y Mario Lugones, firmaron un convenio de colaboración institucional para agilizar y mejorar la notificación de resoluciones judiciales que impliquen la inhabilitación de profesionales de la salud.
El acuerdo permitirá una comunicación más directa y eficaz entre el Poder Judicial y la cartera sanitaria nacional, con el fin de que las jurisdicciones del país puedan contar con información actualizada en tiempo real.
Hasta ahora, uno de los principales problemas en la gestión de estas inhabilitaciones era la demora con la que se notificaban las sentencias judiciales a los organismos correspondientes. Esta falta de coordinación generaba situaciones de riesgo para los pacientes, ya que profesionales con condenas firmes podían continuar ejerciendo sin impedimentos, debido a que aún figuraban como habilitados en los registros oficiales, según explicaron desde el Gobierno.
Con la firma del convenio, se establece un nuevo canal institucional entre el Ministerio de Salud y el Registro Nacional de Reincidencia -dependiente del Poder Judicial- para que este último informe exclusivamente sobre pronunciamientos judiciales que incluyan inhabilitaciones profesionales en el ámbito de la salud. Esta información será utilizada para actualizar la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS), la base que integra los registros jurisdiccionales de matrículas profesionales en todo el país.
“Estamos generando una herramienta que siempre debió haber estado disponible y que permitirá algo tan sencillo como que cada ciudadano pueda ver si un profesional está habilitado o no para ejercer”, explicó el ministro Mario Lugones, destacando el carácter reparador del nuevo mecanismo. En ese sentido, el acuerdo no solo apunta a una mejora administrativa, sino a un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y la ciudadanía en materia sanitaria.
Por su parte, el ministro de Justicia subrayó el impacto concreto que tendrá la medida en términos de seguridad pública: “Gracias al trabajo conjunto de ambos ministerios vamos a poder integrar los datos del Registro Nacional de Reincidencia con el sistema de salud para que las inhabilitaciones se registren en tiempo real”, dijo Mariano Cúneo Libarona. Y agregó: “La falta de conexión entre el sistema judicial y el sanitario ponía en riesgo a los pacientes al permitir que profesionales con condena firme ejerzan como si nada. A partir de ahora, eso se terminó”.
El acuerdo, que tendrá una vigencia de dos años y será prorrogable automáticamente salvo denuncia expresa con al menos 60 días de anticipación, establece límites claros sobre el tipo de información que podrá ser solicitada: solo se incluirán datos vinculados a inhabilitaciones judiciales específicas y no antecedentes penales de otra índole.
De ahora en más, el Ministerio de Salud podrá requerir la información directamente al Registro Nacional de Reincidencia, evitando demoras y permitiendo actualizaciones dinámicas en la REFEPS.
“La firma de este acuerdo representa un avance significativo en el fortalecimiento de la seguridad del paciente, garantizando a la ciudadanía una herramienta de consulta que promueve la simetría de la información y, fundamentalmente, la protección de su salud”, insistió Lugones.