La Cámara Federal ratificó los procesamientos a ex funcionarios de Vialidad Nacional y empresarios por un fraude que generó pagos indebidos al Estado por más de nueve millones de pesos.
Lo que importa
La Justicia confirmó el procesamiento a ex funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y empresarios contratistas en una causa por presunto fraude en la ejecución de obras viales en la Ruta Nacional 19, a la altura de Córdoba.
El eje central del caso gira en torno a una maniobra de fraude en perjuicio de la administración pública concretada entre los meses de mayo y diciembre de 2017, que consistió en simular una ejecución de terraplén mayor al volumen realmente construido en la obra vial desarrollada en la Ruta Nacional 19, rpovincia de Córdoba, Tramo II “Cañada Jeanmarie – Arroyito”.
Cómo fue la maniobra
Según la acusación, la maniobra consistió en certificar falsamente la cantidad de terraplén construido, lo que derivó en pagos indebidos por al menos 67.152 m³ no ejecutados, valuados en 9.429.483,84 de pesos a valor de contrato, sin actualizar.
El eje del caso se concentró en el Tramo II “Cañada Jeanmarie – Arroyito”, donde las empresas Luis Losi S.A. y L.P.P. S.A. fueron adjudicatarias a través de una UTE. Funcionarios como Guillermo Crisci y Fernando Darío Mardiza —ambos con responsabilidades técnicas en la supervisión de obra— fueron procesados por fraude a la administración pública y cohecho.
Los certificados de avance de obra declaraban mayor volumen del realmente ejecutado. Según el fallo, “la maniobra de fraude en perjuicio de la administración pública […] consistió en simular una ejecución de terraplén mayor al volumen realmente construido” y se materializó mediante “la consignación falsa de las mediciones de los perfiles de la base de asiento”.
La pieza clave fue una auditoría técnica a fines de 2017. Junto a personal de Vialidad, detectaron inconsistencias entre los datos del GPS entregado por la empresa y los certificados de obra. Sin saberlo los auditados, el equipo había logrado descargar previamente los archivos crudos del GPS y fue allí donde surgió el hallazgo: “La diferencia de cota en el centro de perfil se encuentra en todos los casos entre (-14 cm) y (-30 cm)”.
Cuando los auditores intentaron continuar con el análisis, les retiraron el GPS. Al día siguiente, al devolverlo, habían desaparecido 51 de los 74 archivos. Según uno de los peritos, “hubo una clara maniobra de borrado de información”, aunque gracias a los backups, pudo confirmarse que “era evidente que alteraron la cota 0”.
Este borrado no fue casual. La justicia accedió a mensajes extraídos de teléfonos y computadoras secuestradas. Un día antes de la auditoría, uno de los jefes de obra ordenó borrar todo rastro: “borrá de las computadoras toda información relativa al volumen de terraplén”. En otras conversaciones, se hablaba abiertamente de “truchar una prensa” e “inventar ensayos”.
La red de responsabilidades fue múltiple. El empresario Gabriel Losi fue vinculado directamente en la gestión de certificados, en intercambios donde se discutía el “plan de trabajos” con Crisci y se sugería “acordar qué cota de terraplén genera la necesidad de reemplazo”. La justicia destacó que “hay una notoria coherencia entre los diferentes acontecimientos y las referencias directas de las conversaciones”, remarca la resolución de la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires.
Contexto
Por estos hechos, no sólo fueron confirmados los procesamientos individuales. También lo fueron los de las personas jurídicas Luis Losi S.A. y LPP S.A., a las que se les imputó el delito de cohecho activo conforme a la ley 27.401. La Cámara sostuvo que “los mecanismos de control interno no fueron aplicados” y que existió una “organización defectuosa”, dado que “no se exigió más que documentación básica a las subcontratistas, no se revisaron contratos ni se realizaron auditorías”.
A modo preventivo, se embargó a las firmas por más de 632 millones de pesos y se impusieron prohibiciones de salida del país a la mayoría de los imputados.
En el cierre del fallo, los jueces recordaron que “las evidencias reunidas dan aval a la atribución de responsabilidad de quienes debieron velar por el interés estatal […] y de quienes […] participaron individualmente de diferentes facetas de los eventos”. En esa línea, los técnicos que facilitaron la ejecución del fraude también fueron procesados, aunque varios de ellos alegaron que solo cumplieron con su rol operativo sin conocimiento de la maniobra.
El Tribunal de Apelaciones confirmó procesamientos resueltos por el juez federal Sebastián Casanello con las firmas de los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah.
Cómo sigue
La causa se inició por denuncia del entonces administrador General de Vialidad, Javier Iguacel, quien reveló además un intento similar de fraude en el Tramo III de la misma Ruta Nacional.
La confirmación de los procesamientos permitirá ahora al juez Casanello avanzar en el envío del caso a juicio oral.
