El procurador General interino de la Nación Eduardo Casal tiene bajo estudio definir si mantiene o no la queja de la fiscalía ante la Corte Suprema, en reclamo de una condena más dura para Cristina Kirchner en el caso Vialidad.
No tiene plazos y el reloj corre de cara a los próximos comicios, ante la posibilidad de que la ex Presidenta sea candidata a diputada y en caso de ser electa cuente con fueros que impidan ejecutar la pena si la Corte toma una decisión de manera posterior.
Su condena aún no firme incluye inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La ex Presidenta tiene una condena de seis años de prisión por administración fraudulenta e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos confirmada en la Cámara Federal de Casación. El fiscal Mario Villar, quien actúa ante esa instancia, mantiene el reclamo para que se revoque su absolución por otro delito en base al cual se la juzgó, asociación ilícita y se duplique la pena a 12 años.
Ahora Casal tiene que decidir en un dictamen para el cual no tiene plazos de presentación si avala o no esta pretensión de la fiscalía, que se planteó durante el alegato final del juicio oral por parte del fiscal federal Diego Luciani y después mantuvo Villar ante Casación.
Una vez que la Corte reciba el dictamen del Procurador, sus tres integrantes comenzarán a analizar el tema y luego quedarán en condiciones de resolver, algo para lo cual el máximo tribunal del país tampoco tiene plazos.
Los tiempos electorales
La Cámara Nacional Electoral dispuso el 17 de agosto como límite para la oficialización de candidaturas a legisladores nacionales para las elecciones del 26 de octubre.
Si antes el máximo tribunal del país resolviera declarar inadmisible las quejas y dejar firme lo resuelto por Casación, regirá además de la pena de prisión, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos impuesta a la ex Presidenta. No podría presentarse como candidata a los comicios
Los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz tienen que resolver sobre el trámite de quejas directas presentadas por defensas de condenados y fiscalía en la causa Vialidad, tras el rechazo de recursos extraordinarios por parte de Casación
La Corte puede optar por rechazar abrir las quejas por «inadmisibles», lo que haría ejecutable la pena de prisión a todos los condenados y se sumaría la inhabilitación en el caso de Cristina Kirchner. También quedarían firmes las absoluciones del caso, entre ellas las del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, apelada por la fiscalía.
En caso de resolver abrir las quejas y admitir los recursos extraordinarios, el máximo tribunal podría rechazarlos y dejar firme así lo resuelto en Casación o bien modificar algún aspecto del veredicto, absolver como reclaman las defensas o devolver el expediente a instancias inferiores para una nueva decisión en base a lineamientos que proporcione.
Posibles escenarios y antecedentes
Cuando se pregunta en los pasillos de Comodoro Py qué podría pasar en caso de un escenario adverso para los acusados, es decir, un rechazo de la Corte a sus planteos, la respuesta es «lo de siempre», en relación a que se los convocaría a los tribunales federales de Retiro en un plazo perentorio para que sus condenas empiecen a ejecutarse, es decir, quedarán detenidos.
Tal como sucedió se recuerda como ejemplo el 5 de noviembre de 2024, cuando el ex secretario de Transporte del kirchnerismo, Ricardo Jaime, ingresó a los tribunales federales de Retiro, subió con su abogado por un ascensor lateral hasta el sexto piso y se anunció en la mesa de entradas del Tribunal Oral Federal 2.
El Tribunal le había dado tres días hábiles para presentarse y quedar detenido por la tragedia del tren de Once.
Lo hizo después que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme su condena a 6 años de prisión por administración fraudulenta, al rechazar un recurso de queja de la fiscalía que pretendía agravarla.
Se trata del mismo Tribunal Oral que juzgó el caso Vialidad y al que ya concurrió la ex presidenta Cristina Kirchner dos veces en persona a notificarse de decisiones tomadas por Casación en esta causa donde tiene condena a seis años de prisión, también por administración fraudulenta.
En su caso, por manejos irregulares de la obra pública vial nacional adjudicada en un 80 por ciento al empresario y también condenado Lázaro Báez en Santa Cruz, durante el kirchnerismo, según considera probado la Justicia.
Si la Corte deja firme las condenas en la causa Vialidad -declarando inadmisibles los recursos de queja directos presentados por defensas y fiscalías- el panorama no sería muy distinto a la imagen que se vio con Jaime en Comodoro Py: podría citarse a todos para que se presenten, queden detenidos y sean derivados a diferentes penales para comenzar a ejecutar condenas firmes.
Capítulo y tratamiento aparte merecerán eventuales pedidos de arresto domiciliario, tobillera electrónica u otros beneficios que serán evaluados en primer lugar por el Tribunal Oral Federal 2, que realizó el juicio y es el encargado de la ejecución de las penas. Al igual que en la tragedia de Once.
Jaime ha hecho ya planteos al respecto al Tribunal basado en su estado de salud pero por el momento no ha tenido éxito y sigue detenido en cárcel común.
Su último intento ante el TOF2 fue el 5 de marzo pasado, poco después de cumplir 70 años, la edad requerida para solicitar el beneficio de la prisión domiciliaria.
Sin embargo, el Tribunal advirtió que el beneficio no se da de manera automática sólo por alcanzar esa edad, sino que su concesión depende de otros factores también.
«El mero cumplimiento de la edad prevista en el inc. d del art. 32 de la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad no opera de forma automática sino que debe analizarse de forma contextual, en función de la razonabilidad de la prisionización y la tolerancia de la persona sometida a ella», expresó en ese momento en la resolución sobre Jaime el juez del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini.
La ex presidenta Cristina Kirchner tiene 72 años.