El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) publicó, para alegría del Ministerio de Justicia de la Nación, un informe para entender el impacto de la implementación del sistema acusatorio en la justicia federal porteña.
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) presentó un documento donde analiza los alcances y los riesgos de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en la Justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de agosto, Comodoro Py comenzará a regirse bajo un sistema acusatorio, en lo que se describe como un punto de inflexión institucional para el país.
Según el INECIP, el debate trasciende el cambio de modelo procesal y pone en discusión la tolerancia del Estado argentino frente a los «poderes mafiosos». El documento sostiene que el actual sistema inquisitivo son “una garantía de impunidad estructural” para casos de corrupción y criminalidad económica.
Entre las fallas estructurales que se buscan superar, el informe menciona “la hiperconcentración de poder en jueces de instrucción, la opacidad en la toma de decisiones de máxima relevancia político-institucional durante la investigación, la extensión indefinida de los procesos, a través de la burocratización extrema, y la contaminación del sistema a través de la delegación de tareas investigativas en los servicios de inteligencia (orgánicos o inorgánicos), caldo de cultivo para operaciones y (des)manejos políticos de las causas”.
Para el instituto, la implementación del sistema acusatorio -basado en la separación entre investigar y juzgar, la oralidad de los procesos y límites estrictos de tiempo- es “un requisito imprescindible, aunque no suficiente, para romper la matriz de impunidad”.
El informe también anticipa resistencias y señala: “Toda reforma judicial genera resistencias por parte de los actores internos (sobre todo, jueces y fiscales) y externos (estudios jurídicos corporativos, grandes empresas beneficiarias de la impunidad estructural), que se pueden ver afectadas por la redistribución de poder que implica este cambio”.
También destaca que “de todas las reformas a la justicia penal llevadas a cabo en la región en los últimos 30 años, es
probable que la de Comodoro Py tenga el mejor punto de partida en materia de recursos disponibles en relación a su carga de trabajo”.
Según datos del Ministerio Público Fiscal (MPF), ingresaron a las fiscalías federales y penales económicas de Capital Federal 6.671 casos. Según información del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público Fiscal de la Nación, entre juzgados, tribunales y cámaras federales de la Capital Federal (incluido Penal Económico), hay un total de 1.005 magistrados y funcionarios (secretarios y prosecretarios): 679 en el Poder Judicial y 326 en el MPF.
INECIP señala que el proceso de implementación del sistema acusatorio va mucho más allá de la sanción de un nuevo Código: “Es un proceso complejo, con múltiples dimensiones. Una es la normativa, es decir, la entrada en vigencia de un nuevo Código, que se cumplirá en agosto. Pero hay otras, igual de relevantes. Por un lado, la organizacional: cómo se reorganizan los tribunales, las fiscalías y las defensorías. Y otra dimensión, que se retroalimenta de las anteriores, es la política: cómo se redistribuye el enorme poder de Comodoro Py”.
