La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la vigencia del “Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo” implementado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en las cárceles federales.
Lo hizo al rechazar el planteo de la defensa de Guillermo Boscán Bracho, presunto líder de una banda criminal venezolana, capturado en Corrientes bajo falsa identidad y requerido por Interpol. Su abogado argumentó que el protocolo violaba su «derecho a defensa» en el proceso de extradición.
Lo que importa
Los camaristas Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos consideraron que el habeas corpus no es la vía procesal adecuada para discutir la validez del protocolo de seguridad implementado por el Ministerio de Seguridad (Resolución 35/2024).
El máximo tribunal penal federal del país sí confirmó una mejora en las condiciones de detención del detenido en la cárcel de Ezeiza: una visita semanal de 60 minutos y 40 minutos semanales de comunicación telefónica, ampliando el régimen anterior que permitía contacto cada 15 días y 20 minutos semanales de llamadas.
Pero en relación al protocolo, se desestimó la queja de la defensa porque además el debate sobre su validez a la hora de aplicarlo al detenido venezolano no fue el eje central del habeas corpus original, y por lo tanto, el tribunal no pudo revisar ese punto bajo el recurso presentado.
Contexto
El Protocolo está destinado a internos considerados de alto riesgo, como narcotraficantes y líderes de bandas criminales.
Impone medidas como visitas sin contacto físico, comunicaciones controladas y ubicadas fuera del pabellón, y restricciones de esparcimiento.
En el caso puntual el detenido fue apresado en Corrientes donde se ocultaba bajo una falsa identidad y era buscado por Interpol para ser extraditado a Venezuela.
Que establece el Protocolo
La Resolución 35/2024, emitida el 23 de enero de 2024 por el Ministerio de Seguridad de la Nación bajo la firma de Patricia Bullrich, crea el “Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal”. Este protocolo busca prevenir que detenidos por delitos graves, como narcotráfico, homicidio o pertenencia a organizaciones criminales, continúen delinquiendo desde prisión o comprometan la seguridad institucional y comunitaria. A tal fin establece:
Visitas sin contacto físico: Se realizan a través de locutorios, cada 15 días, con una duración de 60 minutos. Solo se permiten visitas de hasta dos familiares directos mayores de 16 años y de hijos menores. No se autorizan visitas de apoderados ni allegados
Comunicaciones telefónicas controladas: Las llamadas se efectúan desde teléfonos públicos ubicados fuera del sector de alojamiento, una vez por semana, en horarios preestablecidos, con una duración máxima de 20 minutos. Estas comunicaciones son unidireccionales y supervisadas
Monitoreo y capacitación del personal: Se designa un responsable para coordinar el sistema, y se enfatiza en la selección, capacitación y supervisión del personal penitenciario involucrado en la implementación del protocolo
Cómo sigue
El detenido venezolano seguirá en la cárcel de Ezeiza a la espera de la extradición y sometido al Protocolo, salvo las excepciones que han sido validadas por Casación.