La Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires comenzó a trabajar de cara a la implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py. En ese contexto, su presidente, el juez Mariano Llorens, expresó su respaldo a las advertencias formuladas por los fiscales en relación con la escasez de recursos y la necesidad urgente de reforzar las unidades fiscales con mayor personal.
Llorens lo manifestó en una nota enviada este martes al fiscal ante la Cámara Federal José Luis Agüero Iturbe, en respuesta a una misiva de este último vinculada a un plenario de la Cámara donde se resolvió iniciar gestiones para mudar la sede de su fiscalía del lugar que ahora ocupa en el segundo piso del edificio.
Lo que importa
Agüero Iturbe se manifestó contrario a la eventual decisión de mudar su fiscalía para disponer de ese espacio para uso de la Cámara, pero Llorens aclaró que el plenario del Tribunal de Apelaciones suscribió esa acordada en el marco de la reorganización implementada por la puesta en marcha del sistema acusatorio previsto para el 11 de agosto próximo por el Gobierno nacional.
«El Pleno de la Cámara autorizó a su Presidente a iniciar gestiones ante las autoridades superiores, ante la eventual necesidad de tener que pedir -a quien corresponda- anexar un espacio útil y necesario ante la inminente implementación» del sistema acusatorio y con esa visión incluso, «es que están siendo analizados todos los espacios reservados al uso de la Cámara Federal», explica Llorens en la nota de respuesta dirigida al fiscal.
El sistema acusatorio plantea la necesidad de «habilitar nuevas Salas de Audiencia, como así también aquellos donde puedan cumplir funciones los integrantes de la Oficina Judicial creada por ley», agrega.
La acordada cuestionada por Agüero Iturbe dispuso facultar al Presidente de la Cámara (el juez Llorens) para iniciar gestiones ante la Corte Suprema de Justicia, la Procuración General de la Nación, el Ministerio de Justicia de la Nación y/o cualquier otro organismo necesario «con el objeto de procurar la anexión de las dependencias que actualmente ocupa la Fiscalía General ante esta Cámara» para la futura Oficina Judicial prevista en el sistema acusatorio.
En su respuesta a Agüero Iturbe, Llorens agregó además que es necesario de manera urgente «poner en funcionamiento una policía judicial», contar con tecnología para «investigaciones complejas» y que tanto fiscales como investigadores «puedan disponer de lugares adecuados y acondicionados con los mejores adelantos técnicos, entre muchas otras cuestiones, para llevar adelante su función».
Al respecto, el plenario de la Cámara dispuso crear, entre otras, el área de «Gestión y Capacitación» -futura Oficina Judicial- y designó como coordinador al actual Secretario Letrado de Corte, Santiago Canicoba, a propuesta del juez Llorens y adhesión de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Eduardo Farah, con disidencia de Roberto Boico y Martín Irurzun.
Por la Sala I de la Cámara se nombró a la secretaria de Cámara Ana María Juan y por la Sala II a Silvia Iriart.
Intercambio de misivas y acordadas
Esta decisión de implementar el sistema acusatorio desde el 11 de agosto abarca a los fueros federales y penal económico de la ciudad de Buenos Aires y ha iniciado una seguidilla de misivas por parte de fiscales de distintas instancias al procurador general interino Eduardo Casal y de éste último al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona advirtiendo por la falta de recursos, capacitación, infraestructura y tecnología para que la implementación sea exitosa en un fuero «complejo» que tramita causas por corrupción en la función pública nacional.
De manera paralela, la Cámara Federal -tribunal intermedio – que tendrá un rol fundamental e inició su propio camino para prepararse con reestructuración de áreas, cargos y funciones
En ese marco, la Presidencia de la Cámara pidió ya a la Corte Suprema la jerarquización de los cargos de los responsables de cada área creada.
También hubo reuniones con los jueces federales de primera instancia, una de las cuales se concretó este martes 13 de mayo.
Las acordadas
La Cámara firmó tres acordadas en plenarios realizados desde marzo en busca de establecer un proceso integral de reforma estructural, organizativa y funcional del Tribunal.
Acordada N.º 2/2025 – Descentralización de la Secretaría General
Esta acordada fija las bases para la reorganización de la Secretaría General, dividiéndola en áreas funcionales con autonomía relativa:
- Habilitación y Recursos Humanos: Reagrupación bajo una sola conducción para gestionar fondos, personal, escalafón y legajos.
- Biblioteca y Comunicación Digital: Conservación del acervo bibliográfico y creación de un perfil en Instagram para difundir información relevante del tribunal.
- Oficina de Delegados: Supervisión de necesidades operativas y coordinación de implementación del nuevo sistema procesal.
- Derechos Humanos: Consolidación de la tarea de memoria histórica (causas de lesa humanidad, causa 13/84, derecho a la verdad). Se crea una comisión conmemorativa.
- Gestión y Capacitación: Modernización de estructuras físicas, tecnología, reglamentos internos, y formación permanente del personal.
- Presidencia: Centraliza representación institucional y supervisión de todas las áreas creadas.
Acordada N.º 3/2025 – Reestructuración de la Secretaría General
Designa a los responsables de cada una de las áreas creadas en la Acordada N.º 2:
- Habilitación: Gustavo Martino y Diego Bernárdez.
- Recursos Humanos: Dra. Judith Ambrune y Dr. Diego Cimino.
- Biblioteca y Comunicación Digital: Pendiente de designación formal de un bibliotecario.
- Derechos Humanos: Daniel Valladares.
- Gestión y Capacitación: Dr. Santiago Canicoba (Coordinador), Ana María Juan y Silvia Iriart.
- Presidencia: Coordina vínculos y comunicaciones internas, con respaldo funcional del resto de las áreas.
Acordada N.º 4/2025 – Reordenamiento de recursos humanos y espacios físicos
Avanza en la implementación física y operativa del nuevo esquema:
- Asigna oficinas, personal específico y funciones detalladas a cada área.
- Promueve la instalación de una sala de audiencias en el espacio de la Mesa General de Entradas.
- Facultades ampliadas al Presidente para gestionar espacios físicos y reordenar oficinas.
- Disidencias de los jueces Irurzun y Boico, quienes critican la falta de consenso y de planificación estructural para una verdadera adecuación al nuevo Código.
Estas acordadas marcan una transformación profunda del funcionamiento administrativo y operativo de la Cámara, con una orientación hacia un modelo organizacional más funcional, descentralizado y moderno
