Nueve fiscales federales de primera instancia con despachos en Comodoro Py 2002 advirtieron por la complejidad de las investigaciones que se llevan adelante en el fuero y la necesidad de recursos adecuados, ante la inminente puesta en marcha del sistema acusatorio prevista para el 11 de agosto.
Lo hicieron en una misiva enviada al procurador General interino Eduardo Casal. La nota está firmada por las fiscales federales Paloma Ochoa, Alejandra Mángano y los fiscales Gerardo Pollicita, Eduardo Taiano, Franco Piccardi, Carlos Rivolo, Carlos Stornelli, Guillermo Marijuán y Ramiro González.
El texto recoge «algunas de las inquietudes que compartimos los y las Fiscales Federales de Primera Instancia en relación con las modalidades adoptadas por el Ministerio de Justicia para la implementación del nuevo sistema procesal en esta jurisdicción», explican.
En modo ilustrativo se han señalado «ciertas problemáticas concretas vinculadas a la disponibilidad de recursos técnicos, humanos y de infraestructura, que consideramos esenciales para el correcto funcionamiento del Ministerio Público Fiscal», agregan.
Lo que importa
Los fiscales dejaron plasmados «algunos comentarios y observacioness referidas a la decisión del Sr. Ministro de Justicia de la Nación (Mariano Cúneo Libarona), relativa a la implementación en esta jurisdicción del Código Procesal Penal Federal a partir del 11 de agosto de este año».
Ante todo manifestaron su «pleno respaldo al nuevo sistema acusatorio, convencidos de que se trata de un paso fundamental para fortalecer la eficiencia y la celeridad en el servicio de administración de justicia, así como también, reafirmar nuestro compromiso en pos de una implementación efectiva y responsable de dicho modelo en esta jurisdicción».
Pero como parte de su «responsabilidad institucional» advirtieron que «la implementación de un sistema procesal sobre la base de decisiones unilaterales y no coordinadas institucionalmente, en lugar de asentarse sobre un diagnóstico adecuado, la coordinación entre los actores del sistema y una apropiada planificación, resulta un riesgo cierto para su correcta puesta en funcionamiento».
En particular destacaron que el fuero federal con jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires «tiene competencia sobre la actuación de las principales autoridades nacionales por ser la sede central de los organismos públicos federales y la principal plaza económico-financiera de la Repúbica, lo que trae aparejado que se concentren aquí investigaciones de alta complejidad vinculadas con graves hechos de corrupción, delitos económicos, lavado de activos, criminalidad organizada, narcotráfico, trata de personas y otros fenómenos de particular gravedad y relevancia institucional».
Por ello implementar de manera efectiva el sistema acusatorio en la ciudad de Buenos Aires «requiere de una adecuada planificación y la provisión de recursos humanos, herramientas tecnológicas e infraestructura acorde a los fines del sistema».
En ese contexto, los fiscales advirtieron que «el panorama actual dista de ser auspicioso» y para implementar el sistema acusatorio y cumplir sus objetivos -como la celeridad- en la práctica en causas complejas «resulta imprescindible contar con los recursos necesarios».
Contexto
La nota de los fiscales de primera instancia del fuero federal porteño se sumó a otra enviada a Casal por los fiscales ante la Cámara Federal de Casación Raúl Plée, Mario Villar y Javier De Luca, quienes alertaron por la «escasa capacidad física y de adaptación tecnológica de los edificios» donde el nuevo Código Procesal Penal Federal regirá a partir del 11 de agosto próximo.
El sistema acusatorio busca agilizar las causas judiciales al trasladar la investigación de los jueces a los fiscales y fomentar la oralidad. Si bien cuenta con apoyo dentro del Poder Judicial, jueces y funcionarios advierten sobre la falta de fondos y la gran cantidad de vacantes en el fuero federal.
El Gobierno nacional anunció su puesta en marcha en el fuero federal de CABA desde el 11 de agosto próximo y desde entonces hubo conversaciones con quienes ejercen la Superintendencia sobre el edificio judicial. Entre los muchos temas que se abordarán se destaca el de las vacantes -hay por ejemplo un Tribunal Oral Federal sin ningún juez titular-, infraestructura edilicia y tecnológica, estado de las salas de audiencia y necesidad de contar con recursos para afrontar esta temática.
El nuevo Código Procesal Penal Federal fue aprobado en 2015 mediante la Ley 27.150, pero su implementación ha sido progresiva. Ya funciona en 10 provincias y en 2024 fue puesto en marcha con éxito en Rosario, donde permitió acelerar la resolución de casos de narcotráfico y crimen organizado. Ahora, el Ministerio de Justicia, encabezado por Cúneo Libarona, busca extender el modelo a los tribunales federales más grandes del país.
El sistema acusatorio transforma el rol del juez, quien ya no llevará adelante la investigación, sino que tomará decisiones imparciales en base a la labor de los fiscales.
Bajo este modelo, se privilegia la oralidad y la resolución rápida de causas menores mediante probation, juicios abreviados o acuerdos de conciliación. En cambio, delitos de gran envergadura como la corrupción, el narcotráfico o el crimen organizado serán elevados directamente a juicio oral con mayor celeridad.
Cómo sigue
A pesar del consenso sobre la necesidad de acelerar los procesos judiciales, la implementación enfrenta desafíos importantes. Según fuentes judiciales, “hay voluntad política en toda la Justicia de avanzar con el nuevo Código, pero el Gobierno debe garantizar los fondos para crear nuevas salas de audiencias y mejorar los sistemas informáticos”.
Otro problema es la cantidad de vacantes en el fuero federal: actualmente, el 30% de los juzgados y fiscalías federales no tienen titulares. En el fuero penal económico, por ejemplo, de seis jueces, solo dos son titulares. Esta situación complica la transición al nuevo modelo, que requiere fiscales con mayor capacidad operativo.
