La medida alcanza a agentes de alto rango y tres civiles involucrados en un desfalco millonario con partidas de nafta. El fiscal advirtió que se trata de una red con protección interna y anunció que la investigación se ampliará.
El juez santafesino Gustavo Pérez Urrechu dictó la prisión preventiva por seis meses para trece policías y tres civiles acusados de participar en un esquema sistemático de fraude con fondos públicos destinados a la carga de combustibles para patrulleros en Rosario. La medida se enmarca en la causa que investiga un desvío mensual estimado en 45 millones de pesos, mediante cargas falsas o sobrefacturadas en la estación Puma de Ovidio Lagos al 3900.
En la audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal, 17 de los 20 detenidos inicialmente comparecieron y solo una imputada, la empleada administrativa María Fernanda De Franco, quedó en libertad bajo reglas de conducta, entre ellas una firma quincenal y la prohibición de contacto con el resto de los involucrados.
El fiscal José Luis Caterina, a cargo de la investigación, explicó el funcionamiento de una organización interna dentro de la policía provincial con múltiples niveles de responsabilidad. “Uno de los acusados es un subdirector. Hay muy poca gente que tenga una categoría tan alta y que estuviera tan metida en la cuestión del combustible”, explicó Caterina, en referencia a un alto funcionario que habría intermediado para obtener fondos extra del gobierno provincial. Aunque no manejaba directamente el dinero, el fiscal aseguró que su rol fue clave para “proteger a toda esta organización”.
Las imputaciones incluyen peculado de caudales públicos, cohecho pasivo, falsificación ideológica de documentos públicos y defraudación agravada, delitos que comprometen a oficiales de alto rango, entre ellos el subcomisario Gerardo Ramírez (Garage URII), el comisario superior Rodrigo Domínguez (Jefatura), Fabián Fantín y Mario Brest (Caballería y Perros), y Juan Pablo Pigozzi (Orden Urbano).
Uno de los agentes que hizo uso de la palabra durante la defensa fue el inspector Franco Sebastián Cuesta, jefe de Logística de la Policía de Investigaciones (PDI), quien intentó despegarse de las acusaciones al señalar: “No dependo de la Unidad Regional II ni del Garaje. Dependo directamente del Ministerio de Seguridad y de un habilitado de la PDI que me pasa los fondos de carga de combustible, que es Martín Ronsisvalle”.
Para Caterina, lo expuesto hasta ahora es solo el inicio. “Estamos viendo una organización que se va perfilando cada vez más. Creemos que hay más policías involucrados y la investigación necesariamente tiene que ser más amplia”, afirmó. El fiscal detalló que se realizaron 37 allanamientos en distintas oficinas de la Unidad Regional II, incluyendo divisiones internas como Caballería y Perros, de donde se secuestraron dispositivos electrónicos y elementos personales de personal jerárquico.
