En el año 2014, Diana Cohen Agrest fundó Usina de Justicia en honor a su hijo, Ezequiel, asesinado durante un asalto en el barrio porteño de Caballito. Desde entonces, esta asociación civil ha crecido, convirtiéndose en un espacio que acompaña a familiares de víctimas de homicidio y femicidio y que, además, impulsa una perspectiva de justicia centrada en las víctimas.
El trabajo de Usina de Justicia, que no recibe subsidios estatales ni extranjeros, se sostiene en la dedicación de familiares de víctimas y de profesionales comprometidos, como abogados, magistrados, psicólogos y especialistas en humanidades.
Para conmemorar sus diez años, se llevó a cabo un acto en el Salón Dorado del Teatro Colón. En ese marco, Cohen Agrest resaltó que esta causa “sin glamour ni lucimientos personales” se funda en la abnegación de quienes desean una Argentina más segura.
En ese marco, la abogada María Jimena Molina presentó el libro Nuevos paradigmas para la justicia penal. Hacia una era con perspectiva de víctima, una compilación de trabajos de expertos de Usina de Justicia, que cuestiona la doctrina penal del “garantismo” y lo que describen como “abolicionismo penal”. En sus páginas, los autores abogan por reformas judiciales que prioricen a las víctimas y exigen una mayor coherencia entre la justicia penal y la seguridad ciudadana.
Otro de los ejes fundamentales de Usina de Justicia es la formación. La asociación ha creado el único curso de Victimología Penal en Argentina, titulado Las leyes de víctimas en el marco de la Victimología, el cual se dicta en su campus virtual y ha formado ya a funcionarios de diez provincias.
El evento también contó con la participación de Pierre-Marie Sève, jurista francés y miembro del Institut pour la Justice. “Hay sólo dos organizaciones de este tipo en el mundo; una está en Argentina y otra en Francia», comentó Sève, subrayando la similitud en los desafíos judiciales de ambos países, donde prevalece una tendencia a ver a los delincuentes como víctimas, lo que debilita la seguridad ciudadana.
Sève compartió algunas de las propuestas de su organización, como aumentar la capacidad penitenciaria, limitar la libertad condicional y fortalecer el acompañamiento a las víctimas en comisarías. Estas medidas, explicó, buscan revolucionar el sistema judicial y hacer frente a las organizaciones criminales que operan en ambos países.
En su discurso, Cohen Agrest destacó la invisibilización que han sufrido las víctimas de homicidio en Argentina, afirmando que “los muertos de la democracia fueron invisibilizados”. En un país donde la figura de “víctima” ha cobrado múltiples significados, advirtió sobre la necesidad de trazar una distinción clara entre los derechos de las víctimas inocentes y aquellos que, habiendo delinquido, son también víctimas de circunstancias estructurales.
“Debemos aspirar a una transformación cultural profunda”, señaló Cohen Agrest, llamando a legisladores, jueces y fiscales a reconciliar la ley con los valores fundamentales de justicia y seguridad.
A lo largo de estos diez años, Usina de Justicia ha acompañado a más de 500 familias afectadas por la violencia criminal, asesorándolas y recordándoles sus derechos. Con su reciente incorporación a la OEA como organización civil registrada, ha logrado una proyección continental en su lucha por la dignidad y la justicia para las víctimas.
Acompañando este aniversario estuvieron numerosos funcionarios y personas de la Justicia como Eduardo Casal, procurador general de la Nación; Juan Manuel Casanovas y Juan Manuel Olima, también integrantes de la procuración; y Julio Conte-Grand, procurador General de la Provincia de Buenos Aires.
También estaban los representantes del Consejo de la Magistratura de la Nación Jimena de la Torre y Héctor Galderisi; los jueces de Casación Federal Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci; el subsecretario de Acceso a la Justicia Tristan Corradini; la titular del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires Karina Leguizamón; el secretario de Justicia de CABA Jorge Djivaris; la decana de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador Livia Uriol; José Console, del Colegio Público de Abogados, además de otros representante de tribunales y juzgados de distintos distritos del país.
En diálogo con Quórum, el Dr. Daniel Roggero, miembro de Usina de Justicia, aseguró que “cumplir 10 años simboliza la consolidación de un espacio que nació del dolor personal y se convirtió en una plataforma de transformación social. Desde su fundación, ha logrado unir a familiares de víctimas, profesionales y ciudadanos comprometidos, quienes trabajan de manera voluntaria para construir un sistema más justo y equitativo. La conmemoración de esta década refleja la resiliencia de quienes enfrentaron tragedias personales y optaron por dar un sentido colectivo a sus pérdidas, convirtiéndolas en motor de cambios concretos. Estos diez años han sido marcados por hitos significativos: desde la sanción de leyes nacionales, como la Ley de Víctimas, hasta la creación de programas de formación en victimología penal, pasando por la participación en reformas legales fundamentales. Esta trayectoria demuestra no solo el impacto de su trabajo, sino también el reconocimiento de la importancia de las víctimas en el diseño de políticas públicas y judiciales.
¿Consideran que aquello que los motivó a crear la Usina sigue vigente?
Las razones que llevaron a la creación de Usina de Justicia siguen plenamente vigentes. Usina de Justicia destaca aquellas deficiencias del sistema judicial, como casos de impunidad, las interpretaciones legales erróneas y el trato desigual hacia las víctimas, continúan afectando a cientos de familias: solo 1 de cada 100 hechos delictivos reciben condena penal efectiva y 4 de cada 10 homicidios quedan impunes. Además, se resalta que existe una cierta tendencia hegemónica o sesgos ideológicos que posiciona al delincuente como víctima de sus condiciones sociales, ignorando las necesidades de las víctimas directas e inocentes de los delitos. El desafío no es sólo transformar el sistema penal, sino también combatir la invisibilización de las víctimas de la democracia (se han cometido en promedio más de 2000 homicidios por año) y también equilibrar el enfoque de los derechos humanos para incluir a quienes han sufrido las consecuencias más graves de la violencia.
¿Este gobierno está acompañando a las víctimas, las escucha?
Más que hablar de tal o cual gobierno en particular el análisis de Usina de Justicia apunta a la acción del Estado en su conjunto, porque cada gestión tiene su propio matiz en el acompañamiento a las víctimas. Aunque se han creado leyes y cargos para defensores públicos de víctimas, la implementación de estas sigue siendo medidas insuficientes. Por ejemplo de los 24 cargos creados por La Ley de Víctima 27.372, sancionada en 2017, hoy solo un tercio están en funciones, lo que refleja una carencia en garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de delitos graves. Además, Usina de Justicia señala que las políticas públicas tienden a beneficiar al victimario mediante penas reducidas, excarcelaciones y recursos procesales interminables. Esto, según Usina, demuestra la falta de un enfoque que priorice los derechos y necesidades de las víctimas en la agenda pública.
¿Cuáles son los desafíos u objetivos por delante?
Los desafíos a futuro de Usina de Justicia se enmarcan en una propuesta y desafío de transformación integral del sistema judicial en general y penal en particular. Algunos de sus objetivos clave incluyen:
Cambio de Paradigma de todo el Sistema Penal: Promover una nueva era con perspectiva de Víctima porque es el momento de emprender una revolución copernicana en el sistema penal, donde el centro de todo el sistema sea la víctima y no el victimario;
Designación de Defensores Públicos de Víctimas: Garantizar la cobertura nacional de estos cargos, con mecanismos de auditoría que aseguren su autonomía e independencia;
Fondo Reparatorio para Víctimas: Crear un mecanismo eficaz y eficiente para compensar económicamente a las víctimas de delitos graves, atendiendo tanto las pérdidas materiales como el daño moral;
Reforma Penal: Incluir reformas como la prohibición de excarcelaciones en casos de delitos violentos, limitación del juicio abreviado y modificaciones en la legítima defensa (por ejemplo: pensemos el “derecho” a mentir, incluso en perjuicio de la Víctima y de la investigación de los hechos, que tiene el imputado en la declaración indagatoria; por supuesto respetamos absolutamente la posibilidad de guardar silencio) para proteger mejor a las víctimas en saber la verdad y tener una justicia justa (por ejemplo: quien comete el delito siempre tiene derecho a un defensor oficial desde el primer minuto y su víctima deberá arreglarse como pueda sin ninguna asistencia de abogado oficial);
Capacitación Obligatoria: Exigir a los funcionarios de los tres poderes del Estado formación y capacitación sobre la Ley de Víctimas, asegurando su cumplimiento efectivo;
Iniciativas Internacionales: Implementar la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Víctimas de Delitos para fortalecer los estándares de protección en toda la región y postular como futuro miembro a la Corte Interamericana de Derechos Humanos alguien identificado con los derechos humanos de las Víctimas del delito.
¿Cuál es el balance de estos diez años?
El balance reafirma la importancia de Usina de Justicia como una voz activa y necesaria en el panorama judicial e incluso social de la Argentina y de la Región. La organización no sólo busca justicia para las víctimas de homicidio, sino que también aboga por una transformación cultural y ética que devuelva a la justicia su papel como pilar de la cohesión e integración social. Sus propuestas y logros demuestran que, pese a los desafíos, es posible avanzar hacia un sistema que sea mucho más humano y también más equitativo.
