El máximo tribunal nacional comenzará a representarse directamente en los juicios donde sea parte, un rol que hasta ahora ejercía el Ministerio de Justicia, reforzando su autonomía institucional.
Lo que importa
La Corte Suprema de Justicia de la Nación avanza hacia una mayor autonomía institucional al decidir que asumirá la representación judicial de sus intereses, una función que hasta ahora cumplía exclusivamente el Ministerio de Justicia. A través de la resolución 931/2025, el máximo tribunal del país habilitó a los abogados de su Dirección de Asuntos Contenciosos (DAC) a ejercer la abogacía en su nombre, tanto en sede judicial como administrativa y extrajudicial.
El cambio responde a la necesidad de garantizar “una defensa más eficiente, evitando dilaciones innecesarias frente a plazos procesales perentorios y, con frecuencia, exiguos”, especialmente en pleitos de trascendencia institucional y patrimonial. Este paso implica un giro significativo en el modo en que el Poder Judicial defiende sus propios intereses, apuntando a fortalecer su independencia funcional frente al Poder Ejecutivo.
Contexto
Hasta ahora, la representación judicial de la Corte en causas donde era parte recaía exclusivamente en el Ministerio de Justicia. Sin embargo, la CSJN decidió crear un equipo legal interno con autonomía técnica, bajo la órbita de la Secretaría Jurídica General, capaz de asumir este rol con mayor agilidad y control institucional.
La resolución detalla que los letrados de la DAC podrán actuar formalmente como abogados del tribunal, aunque no podrán percibir honorarios profesionales, en línea con el principio de que los agentes públicos no deben recibir retribuciones extra por las funciones inherentes a su cargo.
También se estableció que el Ministerio de Justicia deberá comunicar de forma inmediata a la DAC el inicio de cualquier juicio en que la Corte sea parte, así como todos los actos procesales que requieran su intervención. Esta coordinación será clave para evitar superposiciones o demoras en la representación legal del tribunal.
Cómo sigue
La Corte afrontará todos los costos vinculados a la actuación profesional de sus abogados: impuestos, tasas, matrícula profesional, bonos y otros gastos judiciales. Para actuar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los letrados de la DAC deberán matricularse en el Colegio Público de la Abogacía, mientras que para causas en el interior del país, la Oficina de Matrícula de la Corte gestionará su habilitación ante los tribunales federales correspondientes.
Además, se aclaró que los honorarios que eventualmente se regulen a favor de estos abogados en juicio deberán ser transferidos a una cuenta bancaria del tribunal, no a los profesionales actuantes. Esta disposición refuerza la noción de servicio público en el ejercicio de la defensa institucional.
Este cambio estructural no solo busca dar mayor agilidad y eficiencia a la defensa del tribunal, sino también consolidar su independencia orgánica y funcional. En un contexto de creciente judicialización de temas institucionales y presupuestarios, contar con un equipo propio para sostener sus posiciones ante otros poderes del Estado representa un blindaje clave.
La resolución fue firmada por los tres integrantes de la Corte: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.