La decisión fue adoptada por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. El magistrado está acusado de prevaricato, extorsión e incumplimiento de deberes de funcionario público. La medida no se hará efectiva hasta que el Consejo de la Magistratura resuelva su situación.
La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario resolvió imponer 90 días de prisión domiciliaria al juez federal Marcelo Bailaque, imputado por los delitos extorsión, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. Sin embargo, la ejecución de la medida quedó en suspenso hasta que el Consejo de la Magistratura determine si corresponde el desafuero o una suspensión provisoria.
La resolución fue dictada por los jueces Aníbal Pineda, Fernando Barbará y Elida Vidal, tras la audiencia en la que se discutieron las impugnaciones presentadas por la defensa contra las medidas coercitivas que había ordenado el juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz el 30 de abril, cuando dio por formalizada la investigación penal. En esa ocasión, Bailaque fue procesado con prisión preventiva y se le impuso una inhibición de bienes por 1.500 millones de pesos, que ahora fue reducida a 600 millones.
El juez federal está acusado de haber cometido estos delitos en el ejercicio de sus funciones como titular del Juzgado Federal N°4 de Rosario. Las actuaciones forman parte de tres legajos penales investigados por fiscales especializados en criminalidad económica y narcotráfico: Juan Argibay Molina (PROCELAC), Matías Scilabra (PROCUNAR) y Federico Reynares Solari, junto a otros funcionarios del Ministerio Público Fiscal. En una causa conexa, el financista Fernando Elías Whpei también fue imputado por extorsión y tráfico de influencias.
Durante la audiencia de impugnación realizada, la fiscalía insistió en la gravedad de los hechos imputados, destacando el riesgo de entorpecimiento de la investigación. Argumentaron que Bailaque, por su rol judicial aún vigente, podría acceder a testigos o manipular información en el sistema informático del Poder Judicial. Además, recalcaron que el delito de extorsión tiene una pena mínima de cinco años, lo cual excluye la posibilidad de una condena condicional.
Los jueces de la Cámara consideraron válidos estos argumentos, aunque optaron por sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario, tal como lo contempla el artículo 210 inciso J del Código Procesal Penal Federal. Al respecto, el juez Pineda destacó que esta medida “neutraliza el peligro de entorpecimiento” y es “la mejor entre las previstas en el marco legal”.
“Recordemos que el artículo 1 de la Ley 25.320 establece que en caso de dictarse una medida que vulnere la inmunidad de arresto, será efectiva si el Consejo de la Magistratura analiza la suspensión, desafuero o cualquier medida al respecto”, puntualizó.
La jueza Elida Vidal, por su parte, comunicó además la decisión del tribunal de reducir la inhibición de bienes de 1.500 a 600 millones de pesos, como parte de la revisión de las medidas patrimoniales solicitadas por la defensa.
Uno de los ejes centrales de la imputación contra el juez está vinculado a una causa de 2013 que tiene como principal acusado a Esteban Lindor Alvarado, condenado por instigar el homicidio de un prestamista. Bailaque no se excusó de intervenir a pesar de un evidente conflicto de interés: su asesor contable personal asesoraba también a empresas vinculadas a Alvarado y su ex pareja, Rosa Capuano.
También quedó en la mira por su rol en una de en 2019 que involucró a las cooperativas Trabajos Portuarios Limitada de Puerto General San Martín y San Lorenzo, junto con una financiera cuyo titular, Fernando Whpei, sería amigo personal del magistrado. Este expediente, que se originó en el Juzgado Federal de Campana, terminó en el juzgado de Bailaque tras una declaración de incompetencia territorial.
Además, Bailaque enfrenta otra acusación por abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y prevaricato. Esta se desprende de una causa en la que el magistrado dictó el sobreseimiento de un empresario y un agente de bolsa que estaban siendo investigados en su juzgado.
