Envió una carta al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, en la que expuso su decisión de dejar su cargo a partir del 1º de julio. Había sido citado por el Consejo de la Magistratura.
El juez federal Marcelo Martín Bailaque, imputado por los delitos extorsión, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, presentó la renuncia a su cargo una semana antes de presentarse ante el Consejo de la Magistratura.
Lo hizo mediante un escrito que envió este martes al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona. «Me dirijo a usted a fin de que, por su digno intermedio, se eleve mi renuncia al cargo de Juez Federal de Primera Instancia al Sr. Presidente de la Nación Argentina, Lic. Javier Milei, para que se haga efectiva a partir del día 1º de julio del corriente año», notificó.
El 26 de mayo pasado la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario le impuso 90 días de prisión domiciliaria, pero como Bailaque tenía fueros la medida no pudo hacerse efectiva. A partir de su renuncia la situación cambió y la decisión debería hacerse efectiva a partir del 1º de julio.
El juez había sido citado a una audiencia por la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación para el próximo martes 17 de junio a las 10 de la mañana. La convocatoria se basaba en un dictamen firmado por los consejeros Álvaro González y Alberto Maques, quienes detallaron tres cargos específicos que comprometen la actuación del juez. Uno de ellos es el presunto vínculo con figuras del crimen organizado y estructuras comerciales relacionadas al narcotráfico de Rosario, como Gabriel Mizzau y Esteban Lindor Alvarado.
Uno de los ejes centrales de la imputación contra el juez está relacionado a una causa de 2013 que tiene como principal acusado a Alvarado, condenado por instigar el homicidio de un prestamista. Bailaque no se excusó de intervenir a pesar de un evidente conflicto de interés: su asesor contable personal asesoraba también a empresas vinculadas a Alvarado y su ex pareja, Rosa Capuano.
También quedó en la mira por su rol en una de en 2019 que involucró a las cooperativas Trabajos Portuarios Limitada de Puerto General San Martín y San Lorenzo, junto con una financiera cuyo titular, Fernando Whpei, sería amigo personal del magistrado. Este expediente, que se originó en el Juzgado Federal de Campana, terminó en el juzgado de Bailaque tras una declaración de incompetencia territorial.
Además, Bailaque enfrenta otra acusación por abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y prevaricato. Esta se desprende de una causa en la que el magistrado dictó el sobreseimiento de un empresario y un agente de bolsa que estaban siendo investigados en su juzgado.