En la causa se investiga una estafa a la casa de estudios y delitos como lavado de dinero y defraudación por 1500 millones de pesos a través de órdenes de transferencias bancarias enviadas al Banco Nación desde un falso correo electrónico atribuido a la Universidad de Buenos Aires.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la negativa a liberar a una de las acusadas ya procesada con prisión preventiva por presunta defraudación a la administración pública, uso de documentos falsos y lavado de activos. Tampoco se le dio prisión domiciliaria. La mujer es considerada autora de las maniobras y un engranaje clave en el caso.
Un audio grabado por otro de los detenidos develó una supuesta intención de realizar un pago ilegal para evitar la investigación en la cual 16 sospechosos ya fueron indagados.
Los jueces consideraron que hay altos riesgos procesales y elementos que comprometen su vínculo con una organización delictiva «compleja» aún no completamente desmantelada.
La Sala I del máximo tribunal penal federal del país resolvió rechazar los recursos presentados por la defensa de la acusada quien había solicitado su excarcelación y, de forma subsidiaria, el beneficio del arresto domiciliario. Enfrenta un procesamiento con prisión preventiva en el marco de la presunta defraudación millonaria contra la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la que también están involucradas otras personas aún no identificadas.
El fallo que declaró “inadmisible” el reclamo fue firmado por los jueces Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Daniel Petrone
“Riesgos procesales evidentes”
Uno de los fundamentos principales para negar la libertad fue la existencia de riesgos procesales, entre ellos, la posibilidad de fuga y el entorpecimiento de la investigación. Según el voto del juez Barroetaveña, estos riesgos fueron correctamente evaluados al considerar la gravedad de los delitos imputados y la naturaleza organizada de la maniobra delictiva, que aún está siendo desentrañada.
A la acusada y otros procesados se le atribuyen los delitos de defraudación a la administración pública (art. 174 inc. 5 en función del art. 172 del Código Penal), uso de documento privado falso (art. 296) y lavado de activos (art. 303). La amenaza de una pena severa, junto con los indicios de su rol activo en la estructura investigada, habilita -según el tribunal- la presunción legal de riesgo.
En el expediente se detalla que la causa incluye la participación de al menos dieciséis personas ya indagadas, aunque hay otros implicados aún no identificados. La resolución menciona, además, audios de coimputados en los que se hace referencia a intentos de desvincular a allegados de la causa y hasta una presunta intención de ofrecer dinero para frenar la investigación.
En uno de los pasajes, un coimputado asegura que “Mica puso una abogada” que le dijo que “ustedes no están en la causa”, lo cual fue interpretado por la Cámara como un signo del conocimiento directo que tenía sobre los avances de la investigación y su intento de manipular la percepción de los demás imputados. Además, se citó una conversación entre otros dos acusados, en la que se debate la posibilidad de que la mujer ofreciera medio millón de dólares a un funcionario para cerrar el caso.
Los dos imputados “debaten sobre la posibilidad de que ‘Mica’ efectuara un pago de quinientos mil dólares a un funcionario no identificado para cerrar la causa”, remarca el expediente.
Además según la investigación judicial a cargo del juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Eduardo Taiano, la acusada habría pedido a sus consortes de causa “borrar” sus intercambios de mensajes, cambió de teléfonos y mudó tanto su oficina como su vivienda particular.
“Se valora también de manera negativa” a la hora de evaluar el planteo de salir de prisión “la naturaleza específica de las
actividades que la imputada realizaría de manera habitual, las cuales estarían vinculadas con la constitución de sociedades ficticias, la transferencia de fondos con la constitución de sociedades falsas como así también, la transferencia de fondos y la elaboración de documentación destinada a justificar dichos recursos”, explica el fallo.
Los movimientos de dinero se realizaron en septiembre de 2024 desde cuentas del Banco Nación pertenecientes a las facultades de Derecho y de Odontología. Fueron 13 transferencias por 1500 millones de pesos a través de la operatoria “MEP” a cuentas de personas físicas y empresas que resultaron ser “fantasma”, “Elysium SA” y “Ekzplodo SA”.
El primer paso fue el envío de un correo electrónico al Banco desde una dirección que simulaba ser de la UBA: tesorería@ubatic.net.ar. Luego un supuesto empleado llevaba impreso el requerimiento a la entidad crediticia, con firmas falsas de los autorizados para estos trámites.