El diputado y miembro del Consejo de la Magistratura se refirió a la decisión que tomó el Gobierno nacional de aceptarle la renuncia al magistrado que estaba a cargo del Juzgado Federal N° 4 de Rosario y que enfrenta acusaciones por múltiples delitos y vínculos con el narcotráfico.
El Gobierno nacional oficializó la renuncia de Marcelo Bailaque, juez federal de Rosario acusado de haber utilizado su cargo para proteger a estructuras delictivas vinculadas al narcotráfico, y el diputado nacional e integrante del Consejo de la Magistratura, Alvaro González, aseguró que el Poder Ejecutivo “tomó la mejor decisión”.
“Frente a esta situación y a la contundencia de las acusaciones, el juez optó por renunciar y creo que la decisión del Poder Ejecutivo es buena”, señaló en declaraciones a Quórum.
“Bailaque -amplió el consejero González- había sido sometido a un largo proceso en el Consejo a la Magistratura, que nos tocó elaborar un informe en la Comisión de Acusación, que tuvo su resolución con un pedido de suspensión de juez y la apertura de un jury”.
“A partir de hoy, el juez Bailaque no es más juez y eso conlleva que tiene que cumplir con la detención que le fue dictada oportunamente en una de las causas penales que tiene abierta”, sostuvo respecto al futuro del ahora ex magistrado.
Para González, instructor de las denuncias contra Bailaque en el Consejo, la renuncia “es un sano paso que la Justicia da para que todos aquellos que tengan conductas que no sean acordes con el decoro y la dignidad que tiene que tener un juez, no estén en sus cargos”.
La renuncia de Bailaque fue confirmada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien sostuvo que la medida fue tomada por el presidente Javier Milei como parte de una política para “limpiar la Justicia de elementos corruptos”.
La decisión habilita nuevas acciones judiciales. Según indicó Cúneo Libarona, al quedar formalmente fuera del Poder Judicial, el ex magistrado pierde sus fueros, lo que permite ejecutar la prisión preventiva que ya había sido ordenada por el Juzgado Federal N° 4 de Rosario y ratificada por la Cámara Federal de Apelaciones.
Desde el Ministerio de Justicia no descartan avanzar más allá de la aceptación de la renuncia. El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, anticipó que si el proceso penal culmina con una condena, el Gobierno pedirá la aplicación de la inhabilitación absoluta. En ese caso, Bailaque podría perder su jubilación de privilegio, según lo previsto en el artículo 19 del Código Penal.
“No hay intocables. Nuestro compromiso con la restauración moral y ética de la República es total”, afirmó Amerio. Y agregó: “Estamos llevando adelante una reforma profunda y estructural de la Justicia que permitirá que los delincuentes vayan presos”.
El juez federal enfrenta acusaciones por extorsión, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. La imputación más grave lo vincula directamente con personajes del narcotráfico rosarino, como Gabriel Mizzau y Esteban Lindor Alvarado, este último condenado por instigar un homicidio en 2013. En esa causa, Bailaque no se excusó a pesar de tener un conflicto de interés evidente: su asesor contable también trabajaba con empresas vinculadas a Alvarado y a su ex pareja, Rosa Capuano.
Otro expediente que genera sospechas involucra a las cooperativas Trabajos Portuarios Limitada de Puerto General San Martín y San Lorenzo, junto con una financiera cuyo titular, Fernando Whpei, mantiene una relación personal con el juez. Esa causa, que se originó en Campana, terminó curiosamente bajo la órbita de Bailaque tras una declaración de incompetencia territorial, maniobra que también está siendo investigada.
En 2019, el magistrado dictó el sobreseimiento de un empresario y un agente de bolsa que estaban bajo investigación, lo que derivó en una nueva acusación por abuso de autoridad y prevaricato.
La situación se agravó aún más el 26 de mayo pasado, cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario le impuso 90 días de prisión domiciliaria. La medida no pudo aplicarse debido a los fueros judiciales que todavía ampara al magistrado. Sin embargo, si su renuncia se acepta, la prisión preventiva quedará habilitada desde el 1° de julio.
