Fernando Rodrigo, ex fiscal adjunto de Santa Fe, recibió tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. También deberá cumplir reglas de conducta tras falsear pedidos judiciales para acceder a comunicaciones privadas.
El ex fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, Fernando Rodrigo, fue condenado a la pena de tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por haber espiado ilegalmente durante casi un año a su ex pareja.
El fallo fue dictado por el juez de Primera Instancia Gonzalo Fernández Bussy, quien homologó un procedimiento abreviado por los delitos de peculado en concurso ideal con falsedad ideológica y uso de documento público, agravados por su condición de funcionario.
La fiscal Natalia Benvenuto, a cargo de la acusación, determinó que Rodrigo, en funciones como fiscal adjunto en la Sede Regional N° 2 del Ministerio Público, confeccionó cinco solicitudes falsas de interceptación de comunicaciones telefónicas. Los pedidos incluyeron doce líneas celulares, supuestamente vinculadas a causas penales bajo su investigación, pero en realidad pertenecían a personas allegadas al acusado.
Rodrigo, que renunció a su cargo en agosto de 2017, imprimió los pedidos en archivos de texto, los firmó y selló como si fueran documentos oficiales, y los presentó ante jueces competentes para obtener su autorización. En todos los casos, logró el aval judicial. Las órdenes fueron enviadas a organismos de inteligencia judicial como la Dirección de Captación de Comunicaciones (DICOM), luego reconvertida en la DAJUDECO, que procedieron con la implementación de las medidas indebidas.
Mediante este ardid, el entonces fiscal accedió a información confidencial y comunicaciones privadas de personas de su entorno personal durante casi un año, vulnerando el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad de la correspondencia, protegidos por normas constitucionales. El material resultante fue almacenado en CD’s y entregado directamente a Rodrigo o a terceros autorizados.
La sentencia también detalla que el uso de estos recursos estatales fue irregular y constituyó un desvío del trabajo público hacia fines personales, constituyendo una forma de peculado no tradicional, centrado en el uso indebido de servicios y recursos judiciales.
Como parte de las condiciones impuestas por la Justicia, Rodrigo deberá cumplir con las siguientes reglas de conducta durante el mismo plazo de la condena: fijar domicilio estable, someterse al control de la Agencia de Medidas no Privativas de la Libertad, prohibición absoluta de portar armas de fuego, y asistencia obligatoria a tratamiento psicológico y/o psiquiátrico, con acreditación trimestral supervisada por profesionales.
