Andrea Lorente, fiscal de menores de Malargüe, renunció a su cargo luego de un pedido de Jury impulsado por el procurador general Alejandro Gullé. El Ejecutivo oficializó su renuncia con un decreto firmado por la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado.
El Gobierno de Mendoza aceptó la renuncia de la fiscal de menores Andrea Lorente, quien estaba a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción y Penal de Menores N°1 de Malargüe. La salida se produjo tras conocerse el pedido de Jury de Enjuiciamiento promovido por el procurador general de la Corte, Alejandro Gullé, a raíz de una auditoría que expuso serias irregularidades en su desempeño.
La renuncia fue aceptada por decreto y publicada en el Boletín Oficial bajo el número 1407, con las firmas de la vicegobernadora Hebe Casado -quien quedó a cargo del Ejecutivo ante la ausencia de Alfredo Cornejo, de gira oficial en Brasil- y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus. El Gobierno provincial consideró “urgente” avanzar en la designación de un reemplazo que garantice el funcionamiento adecuado del Ministerio Público Fiscal.
Lorente había presentado su dimisión el viernes pasado, argumentando motivos personales y de salud. En su carta reconoció que no había alcanzado los objetivos del cargo: “Si bien intenté dar todo de mí dentro de lo establecido legalmente en el desempeño de mis funciones, resulta evidente que no ha sido suficiente”, escribió. También señaló que su decisión buscaba “dar paso a otro profesional que pueda intentarlo”.
No obstante, la renuncia llegó luego de un expediente presentado por el procurador Gullé que detalló una serie de incumplimientos graves en al menos 22 causas penales. Según el informe del Ministerio Público Fiscal, durante su gestión se verificó la falta de impulso procesal, la ausencia de medidas judiciales urgentes y una deficiente aplicación de la normativa vigente, en expedientes vinculados con delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, situaciones de violencia de género, maltrato infantil, tenencia ilegal de armas, amenazas, estafas y delitos contra la administración pública. En muchos de esos casos, la inacción derivó en la prescripción de las causas o en la liberación de imputados con antecedentes penales graves.
El informe también advirtió que Lorente incumplió normas centrales como el Código Procesal Penal de Mendoza, la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, la Ley 26.485 contra la violencia hacia las mujeres y la Ley 26.061 de protección de la niñez. Estos elementos reforzaron el pedido de Jury, cuya sustanciación quedó sin efecto con la aceptación de la renuncia.
La vicegobernadora Casado se pronunció públicamente sobre el tema a través de sus redes sociales. “La fiscal presentó su renuncia tras el pedido de Jury del Procurador General y luego de reconocer, en su propia nota, que no estaba a la altura del cargo”, afirmó en su cuenta de X. También subrayó que las irregularidades detectadas generaron un serio perjuicio institucional, y que la fiscalía que Lorente encabezaba es clave para garantizar el acceso a la justicia en el sur mendocino.
El decreto que oficializa la salida de la fiscal hace referencia expresa a la incapacidad reconocida por la propia Lorente y a la necesidad de designar rápidamente un nuevo responsable para el cargo.
