Con el procesamiento y prisión preventiva de una banda que operaba desde el Penal de Cuyo, la Justicia Federal aplicó por primera vez en Mendoza el artículo 210 ter del Código Penal, incorporado por la Ley 27.786. Qué significa.
Diez personas fueron procesadas por el Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza acusadas de integrar una red criminal que operaba dentro y fuera del Complejo Penitenciario Federal VI de Cuyo, pero no se trató de un fallo más. Es que el juez subrogante Marcelo Garnica lo hizo aplicando por primera vez en la provincia la Ley Antimafias.
La decisión judicial se basó en el artículo 210 ter del Código Penal, incorporado por la Ley 27.786, que permite una tipificación agravada para quienes integran organizaciones criminales con una estructura compleja y sostenida. Esto modifica el encuadre tradicional de asociación ilícita, ya que contempla penas más duras, medidas de seguridad reforzadas y mayores restricciones procesales.
Entre los procesados figuran dos reclusos que lideraban la organización desde el penal, y que, según la investigación, coordinaban maniobras de tráfico de drogas, armas y encubrimiento, incluso recurriendo a niños y mujeres embarazadas para el ingreso de sustancias ilícitas al penal durante las visitas, aprovechando que no eran sometidos a controles con escáner.
El juez Garnica fue claro al justificar la aplicación de la Ley Antimafia: “Estas conductas presentan un claro diseño delictivo estructurado y sostenido en el tiempo, tanto dentro como fuera del penal, y responden a una lógica de coordinación funcional entre sus integrantes”. Esa estructura organizativa y la gravedad de los delitos investigados justificaron, a su criterio, el uso de la figura legal que permite un tratamiento penal más riguroso.
Qué cambia
El impacto concreto para los imputados no se limita a la prisión preventiva. Garnica también ordenó que los dos líderes sean incorporados al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo, previsto por la Resolución 35/2024 del Ministerio de Seguridad. Esto implica condiciones de alojamiento más restrictivas, mayor aislamiento, vigilancia intensificada y limitaciones en el régimen de visitas y comunicaciones.
Además, se dictó un embargo sobre los bienes de todos los procesados por un total de 4.680.000 pesos cada uno y se estableció que si no ofrecen bienes embargables en tres días, quedarán inhibidos generalizadamente.
La causa, iniciada a partir de una denuncia anónima en junio de 2024, fue impulsada por el fiscal federal Fernando Alcaraz y llevó a 21 allanamientos en marzo de este año. Allí se incautaron armas, drogas, dinero, vehículos y documentación. La finca conocida como “La Abuela”, fue identificada como centro de acopio y distribución de drogas y armas.
