Cuando todo parecía encaminado a comenzar de manera formal el procedimiento para decomiso de bienes y dinero en la causa Vialidad, el Tribunal Oral Federal 2 deberá tomar una nueva decisión frente al marcado contraste entre el cálculo hecho por peritos de la Corte Suprema que arrojó una suma de 684,9 mil millones de pesos y el de la defensa de Cristina Kirchner que dio 42 mil millones de pesos, el seis por ciento del número oficial.
El peritaje oficial, realizado por el Cuerpo de Peritos Contables de la Corte Suprema, actualizó el perjuicio original de 86.085 millones de pesos a un total de 684.990 millones de pesos (unos 540 millones de dólares).
Pero la defensa de la ex Presidenta planteó otra cifra: 42 mil millones de pesos, es decir, sólo un 6 % del monto exigido por la Corte. El dictamen pericial alternativo presentado por su equipo introduce una diferencia que no es solo numérica: refleja dos visiones opuestas sobre cómo calcular el perjuicio económico al Estado.
¿Qué explica esta brecha?
La abismal diferencia pasa por el índice tomado y el valor base del decomiso inicial tomado en cada caso para actualizar el monto.
Ambas partes parten del mismo hecho: en las 51 obras públicas adjudicadas en Santa Cruz entre 2003 y 2015, se detectaron sobreprecios del 64% y adjudicaciones direccionadas. Lo que varía es el método de actualización del valor histórico de los fondos públicos mal utilizados.
Además, el perito de la defensa tomó como base el costo de las obras cuestionadas por su adjudicación entre 2003 y 2015 y el cálculo del sobreprecio realizado en la acusación de manera previa al juicio oral y no el decomiso fijado por el Tribunal en su veredicto condenatorio.
Ahora el TOF 2 tendrá que resolver qué actualización aplicará a la hora de intimar por diez días hábiles a todos los condenados a depositar la parte que les corresponde.
La Corte Suprema utilizó el Índice de Precios al Consumidor (IPC), una herramienta que refleja la pérdida del poder adquisitivo por la inflación. Este cálculo, ajustado bajo las Normas Técnicas Contables (RT 17 y 39), elevó el monto desde los $86.000 millones originales hasta 684.990 millones de pesos.
En cambio, el perito de Cristina Kirchner propuso utilizar la tasa pasiva promedio del Banco Central, es decir, el interés que habrían generado esos fondos si hubieran estado depositados en una cuenta bancaria. Según explicó, “ese método fue avalado por la justicia en otras causas” y “refleja el rendimiento financiero real del dinero”.
Desde su perspectiva, el IPC “abre la posibilidad de generar en forma artificiosa rentabilidades que nada tienen que ver con la real evolución del valor del dinero”. Además partió de una base muy diferente para calcular la actualización.
La diferencia es abismal:
| Método | Índice utilizado | Resultado final |
|---|---|---|
| Corte Suprema | IPC (inflación) | $684.990 millones |
| Defensa de Cristina | Tasa pasiva del BCRA y otra base de cálculo | $42.000 millones |
La clave técnica está en que el IPC acumulado durante dos décadas de alta inflación genera valores mucho mayores que la tasa pasiva, que suele estar regulada y por debajo del crecimiento de los precios. En Argentina, esa brecha puede multiplicar los montos por más de 10 veces.
La decisión judicial pendiente
El TOF 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, enfrenta ahora una definición con implicancias económicas, jurídicas y políticas. Las opciones son:
- Validar el cálculo de la Corte, lo que implicaría decomisar más de medio billón de pesos.
- Aceptar la propuesta de la defensa, que reduce la responsabilidad económica a un monto significativamente menor.
- Optar por una vía intermedia, como alguno de los cuatro cálculos alternativos presentados por los peritos del Ministerio Público Fiscal, que van desde 230.000 millones a 723.000 millones de pesos.
En paralelo, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron medidas urgentes para proteger el eventual decomiso, incluyendo la actualización de embargos, la investigación de maniobras recientes de Lázaro Báez y su entorno, y la verificación de los bienes de su pareja desde 2016 a la fecha.
Se trata de una decisión que podría ser apelada ante la Cámara Federal de Casación y eventualmente llegar a la Corte Suprema y repercutirá en los bolsillos de la detenida ex presidenta y los demás condenados en esta causa judicial, como el ex titular de Austral Construcciones Lázaro Báez
Una vez que haya una decisión al respecto, se dará a todos diez días hábiles para depositar la parte que les corresponda y de no cumplirse se avanzará con decomiso de dinero de cuentas bancarias y demás inversiones y remates de bienes como propiedades y vehículos.
