El procurador interino Eduardo Casal aprobó un documento que sistematiza la experiencia del Ministerio Público Fiscal y traza nueve ejes para combatir delitos complejos como el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero y la corrupción.
El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, aprobó a través de la Resolución PGN 27/2025 las nuevas Pautas generales de actuación en la persecución penal de la delincuencia organizada, un documento que establece nueve ejes estratégicos para abordar delitos complejos que “generan un impacto altamente perjudicial en el tejido social y en el funcionamiento de las instituciones democráticas”.
Las pautas, que recopilan la experiencia acumulada por fiscalías, procuradurías, unidades fiscales, direcciones y secretarías del Ministerio Público Fiscal (MPF), definen a la delincuencia organizada como “la participación de grupos estructurados y jerarquizados, que operan de manera planificada y coordinada para llevar a cabo delitos graves, principalmente con miras a obtener ganancias económicas u otros beneficios de orden material”.
Entre las principales amenazas, Casal identificó a la narcocriminalidad, la trata y explotación de personas, el tráfico de migrantes, el contrabando de mercaderías, el tráfico de armas, la extorsión, el secuestro extorsivo, la ciberdelincuencia y el lavado de activos. También alertó sobre sus vínculos con delitos violentos, como homicidios, y con prácticas económicas ilícitas, como la corrupción y la evasión tributaria. Además, advirtió sobre el nexo con el terrorismo.
“La corrupción pública constituye un fenómeno estructural y transversal que puede facilitar o dar cobertura a la delincuencia organizada”, expresó el Procurador, y agregó que “el involucramiento de funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y actores del sistema de administración de justicia en prácticas corruptas brinda condiciones favorables para que las organizaciones criminales desplieguen sus actividades o reduzcan sus riesgos de ser descubiertas y sancionados sus integrantes”.
Entre los nueve ejes principales establecidos, las pautas promueven:
- La especialización y apoyo técnico por parte de las áreas centrales del MPF.
- La investigación del lavado de activos y el recupero de los bienes obtenidos ilícitamente.
- El cruce con investigaciones económico-financieras.
- La utilización de herramientas como el imputado colaborador y las técnicas especiales de investigación.
- La búsqueda de responsabilidad penal de personas jurídicas.
- La cooperación internacional activa.
- Y una coordinación interinstitucional proactiva.
Casal contextualizó esta iniciativa en el marco de la implementación del sistema procesal penal acusatorio, que otorga al MPF un rol central en la promoción y desarrollo de la acción penal pública. “El abordaje estratégico en la persecución penal y el ejercicio de la acción penal pública en los casos complejos de delincuencia organizada resulta aún más relevante”, sostuvo.
Además, aclaró que estos lineamientos no excluyen otras herramientas: “La investigación e impulso de la acción penal a través de estos ejes no significa descartar otras acciones y enfoques que puedan darse en simultáneo”, dijo y agregó: “Lo que se busca, en definitiva, es establecer prioridades para una mejor optimización de recursos y un enfoque pragmático”.
Finalmente, recordó que estas pautas están en sintonía con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, como las Convenciones de Naciones Unidas y de la OEA contra el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción y el terrorismo, y subrayó que el país es miembro pleno del GAFI y del GAFILAT desde el año 2000.
