El ex Presidente cerró la primera mitad del 2025 en vísperas del inicio de la feria judicial de invierno, con malas noticias en dos frentes clave: la denuncia por violencia de género de Fabiola Yáñez y la causa Seguros.
Violencia de género
En la causa por violencia de género contra la ex Primera Dama, el juez federal Julián Ercolini desestimó en duros términos planteos de su defensa que intentaban dilatar su envío a juicio oral, previsto para principios de agosto, una vez que se reanude la actividad judicial en Comodoro Py 2002.
Fernández había solicitado nuevas medidas de prueba “de forma reiterada, el imputado y su defensa técnica pretenden retrasar el avance del proceso en esta instancia hacia el juicio oral”, escribió Ercolini, quien agregó que no se vulnera ningún derecho, ya que “la mejor instancia de defensa es el juicio oral y público”.
El juez también destacó que Fernández, junto a su equipo legal, ya utilizó múltiples recursos procesales: “Han articulado diversos planteos, a partir de lo cual queda evidenciada la cantidad de remedios y presentaciones realizadas por esa parte, valiéndose de herramientas previstas en la ley procesal, siempre con invocación del derecho de defensa”, señaló en su resolución. Y concluyó que “se observa un designio dilatorio y especialmente orientado a impedir el avance del proceso a la etapa de juicio oral”.
El revés no es menor: la denuncia por violencia de género contra Fabiola Yáñez, radicada a comienzos de este año, tuvo una fuerte repercusión mediática y política, y puso al expresidente en una situación judicial delicada, más aún al no lograr apartar a Ercolini del caso. Según la información judicial, el proceso podría ser elevado a juicio una vez concluida la feria invernal
Caso Seguros y revés en la Corte
En la causa “Seguros”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la presentación del ex Presidente que impulsaba la recusación del juez Julián Ercolini, quien intervino en este expediente hasta febrero pasado y citó a declaración indagatoria a Fernández.
El ex Jefe de Estado acaba de ser procesado por el juez en la actualidad a cargo del caso Sebastián Casanello.
Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó el recurso de la defensa de Fernández por no dirigirse contra una sentencia definitiva.
Cómo fueron los hechos
En rigor, Ercolini ya no está al frente de la causa. Subrogaba el Juzgado Federal 11, cuyo último titular fue el fallecido Claudio Bonadío y desde febrero ese tribunal está a cargo del juez Sebastián Casanello.
Sin embargo, la defensa de Alberto Fernández apuntaba a conseguir la recusación de Ercolini en miras a cuestionar lo sucedido en la causa, algo que no logró.
En mayo del 2024, el ex Presidente pidió apartar al juez Julián Ercolini por temor de parcialidad.
Habló de una “venganza disfrazada de causa penal”. El juez rechazó el pedido, desmintió que alguna vez hubiera sido amigos y negó también tener una supuesta enemistad en su contra.
“Las consideraciones realizadas por la defensa de Alberto Ángel Fernández no dan lugar a mi apartamiento en la presente causa: no se verifican ninguno de los supuestos expresamente previstos para ello en el ordenamiento procesal, ni tampoco se observan razones fundadas para considerar dudar sobre mi imparcialidad en su trámite, dada la inexistencia de hechos concretos y objetivables que lo justifiquen”, expresó Ercolini en ese momento.
El ex Presidente entonces pidió ir personalmente a la audiencia ante la Cámara Federal. Insistió en sus argumentos, aseguró que tiempo atrás habían sido amigos, pero ese vínculo, dijo, se rompió cuando el magistrado avanzó con algunas causas contra el kirchnerismo.
El planteo fue rechazado por el juez federal Roberto Boico, en la Cámara Federal porteña, y también por la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma del juez Gustavo Hornos.
La abogada Mariana Barbitta buscó llegar en queja a la Corte Suprema, pero ahora el máximo tribunal dejó firme esa decisión.
La semana pasada, el juez Casanello procesó a Fernández por el delito de “negociaciones incompatibles con la función pública», que castiga con una pena de hasta seis años de prisión.
Para el juez está claro que Fernández intervino, como Presidente, para favorecer los negocios del broker de seguros Héctor Martínez Sosa, una persona “de su círculo íntimo” para quien había trabajado como asesor antes de ser jefe de Estado.
Según Casanello, Fernández se involucró en el “plan de expansión de los negocios” del grupo de Martínez Sosa con el Estado.