La Corte Suprema de Justicia determinó que será el juez federal Sebastián Casanello quien deberá intervenir en una investigación contra los responsables de pintadas que proponían “matar” a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El planteo llegó a la Corte Suprema por un conflicto de competencia entre el juzgado en lo penal, contravencional y de faltas 4 de la ciudad de Buenos Aires, y el juzgado federal 7, a cargo del juez Sebastián Casanello con sede en Comodoro Py 2002.
Pintadas contra la Ministra
La causa se inició a partir de la actuación policial en el marco de una protesta en donde sujetos no identificados efectuaron pintadas en el monumento Don Quijote, en la Avenida de Mayo y la calle Lima. Allí escribieron la leyenda “matar a Bullrich para vengar a Santiago”.
El juez local encuadró el hecho en el delito de amenazas y declinó la competencia por la materia a favor de la justicia federal, al entender que la frase intimidatoria se dirigía a la actual Ministra de Seguridad de la Nación, en su calidad de funcionaria pública.
El magistrado federal, con base en lo solicitado por el fiscal, rechazó la atribución por prematura, toda vez que no se habían realizado las medidas de prueba mínimas para reconstruir los hechos y determinar su encuadre legal.
Vuelto el legajo al juzgado de origen, su titular insistió en su criterio, tuvo por trabada la contienda y la elevó a la Corte.
Un conflicto que llegó a la Corte
El procurador General interino Eduardo Casal dictaminó ante el máximo tribunal del país que “toda vez que la frase se dirige contra una autoridad nacional y está presumiblemente motivada en su cargo de Ministra de seguridad” debía intervenir el fuero federal.
Siguiendo ese criterio, la Corte estableció que el caso entonces deberá tramitarse en los tribunales de Comodoro Py 2002 y ahora el juzgado federal tendrá que avanzar con pedidos de medidas de prueba.