Según el Anuario Estadístico 2024, la mayoría de los expedientes llegaron por recursos extraordinarios impulsados por el Estado. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) concentró el 91% de esos planteos, en su gran mayoría vinculados a causas previsionales.
Durante 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación recibió 45.678 causas, lo que representa el número más alto de ingresos de la última década y un aumento del 41,7% respecto al año anterior. El dato más relevante del informe publicado por la Oficina de Estadísticas del tribunal es que más del 50% de los expedientes que llegaron al máximo tribunal fueron impulsados por organismos del Estado, y de ellos, el 91,6% corresponden a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
En términos generales, el 95,7% de los casos ingresaron como recursos extraordinarios, ordinarios o de queja, mientras que el 4,3% restante correspondió a demandas originarias, cuestiones de competencia u otras presentaciones. Dentro de los recursos, las quejas por recurso extraordinario denegado representaron el 72,9% del total.
Esto implica que la ANSES fue responsable directa de una porción sustancial de los planteos ante la Corte, principalmente como apelante en causas previsionales, es decir, en conflictos contra jubilados y pensionados que obtuvieron fallos favorables en instancias inferiores. Esta dinámica revela una estrategia estatal persistente de judicialización masiva para revisar o revertir sentencias que reconocen derechos previsionales.
En cuanto a la resolución de causas, la Corte dictó 12.521 fallos en el año, que impactaron en 20.237 expedientes. De esos fallos surgieron 20.464 decisiones jurisdiccionales, el 87,6% sobre recursos. La materia previsional lideró el ranking con el 40,4% de los recursos resueltos, seguida por lo penal (18,9%) y lo laboral (15,8%).
Un dato llamativo es que en el 82% de los recursos resueltos la Corte utilizó fórmulas procesales estándar (conocidas como fallos “con fórmula”), es decir, decisiones que no desarrollan argumentos ni relatan los hechos, y se limitan a invocar normas o doctrinas conocidas. Esta modalidad reduce la transparencia y el acceso al razonamiento judicial, sobre todo en causas de alto impacto social.
Por otro lado, el informe señala que el tiempo promedio de resolución fue de 599 días corridos y la media de duración de los expedientes fue de 385 días. En el 99,85% de los casos resueltos intervinieron exclusivamente los ministros del tribunal; solo en el 0,15% se requirió la actuación de conjueces.
Finalmente, se destacó que el 47% de los ingresos correspondió a casos iniciados entre 2022 y 2024, lo que muestra un sistema judicial federal aún lento, en el que la revisión final de derechos fundamentales -como los jubilatorios- puede tardar años en completarse.
