La interrupción del embarazo se realizó en el Hospital Iturraspe de la localidad de San Francisco, provincia de Córdoba. La decisión está amparada por la Ley 27.610, que permite abortar después de la semana 14 si el embarazo es resultado de una violación, pero en este caso el ADN descartó la paternidad del acusado.
Un aborto de 32 de semanas, una denuncia de abuso sexual cuestionada y una polémica que recién comienza. En la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, hay un tema del que hablan todos: la interrupción de un embarazo por una supuesta violación que, hasta el momento, no pudo ser comprobada por la Justicia. Por si fuera poco, el análisis de ADN descartó que el hombre señalado como presunto abusador sea el padre biológico del bebé, lo que pone en duda el relato inicial y reabre interrogantes sobre el origen del embarazo y la intervención del Estado en el caso.
El aborto se llevó a cabo amparado por la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, que permite este tipo de prácticas más allá de las 14 semanas cuando existe riesgo para la salud integral de la persona gestante o si el embarazo es producto de una violación. En estos casos, la normativa no exige una denuncia penal sino una declaración jurada ante el equipo médico.
El caso está siendo investigado por la fiscal de Delitos Complejos, Silvana Quaglia. Según el diario La Voz de San Justo, la mujer tendría antecedentes de enfermedad mental por lo que el proceso judicial deberá esclarecer si existieron garantías adecuadas en el acompañamiento, así como verificar la existencia o no del delito denunciado.
De acuerdo a los voceros, el imputado fue notificado y solicitó una prueba genética que, recientemente, descartó su vínculo biológico con el bebé.
“Toda vida vale”
En paralelo, el caso desató una fuerte reacción por parte de la Iglesia Católica. El obispo de San Francisco, monseñor Sergio Buenanueva, se pronunció a través de sus redes sociales. “Toda vida vale. El aborto de un niño de 32 semanas de vida y la violencia sexual contra la mujer que lo concibió ha conmovido a la comunidad de San Francisco. Que la conciencia rechace estas formas de injusticia es un síntoma alentador: la voz de Dios no puede ser callada”.
El prelado también reivindicó el derecho a la objeción de conciencia del personal médico. “La objeción de conciencia de los profesionales de la salud, médicos y enfermeros, es un derecho fundamental que no puede ser desconocido”, escribió.
La Ley 27.610 establece que la objeción de conciencia sólo puede ser individual y debe garantizar la derivación oportuna de la paciente, sin dilaciones. No se admite la objeción institucional.
Por lo pronto, la defensa del acusado insiste en que la denuncia fue falsa y que existieron intereses personales detrás de la acusación.
