Tras una separación temprana de sus padres y años de vida junto a su madre, una adolescente de 13 años logró que la justicia escuche su deseo de permanecer con ella en el extranjero. La historia de P., una joven que vivió casi toda su vida con su mamá, terminó por modificar el curso de una disputa judicial compleja, marcada por el conflicto entre derechos parentales y el interés superior del niño.
Después de vivir más de once años en Rosario junto a su madre, P. se mudó con ella a España, donde la mujer había conseguido trabajo. El viaje se realizó con autorización del padre, quien residía en Esquina, Corrientes. Sin embargo, una vez vencido el permiso, el hombre exigió el retorno de su hija. La negativa de la adolescente a volver desencadenó una controversia legal que culminó con una sentencia que la tuvo como protagonista principal.
Una voz firme frente al juez
La resolución fue dictada por el juez Joaquín Romero Alves, a cargo del Juzgado de Niñez, Familia y Adolescencia de Esquina. El magistrado escuchó en audiencia a la joven y destacó la claridad de su exposición: “Fue una de las entrevistas más claras que tuve en mi vida judicial. Su testimonio fue firme y maduro. No dejó dudas sobre qué era lo mejor para ella: P. dictó su propia sentencia. Mi tarea consistió en darle fuerza de ley”, sostuvo en la resolución.
A pesar de su corta edad, la intervención de la adolescente tuvo un peso determinante en el expediente. La legislación argentina contempla el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos en procesos que los involucren, y en este caso, la persistencia de P. marcó la diferencia: “Nunca viví en Esquina, sólo venía de vacaciones. Hablé con mi papá, pero no me escucha. Necesito vivir con mamá”, expresó en su declaración.
Centro de vida
El análisis judicial partió de un punto central: el domicilio legal de un menor no siempre coincide con su verdadero centro de vida. En este caso, aunque el padre sostenía que Esquina era su residencia habitual, los antecedentes demostraban lo contrario. De sus 13 años, P. había vivido 11 años y medio con su madre, mientras que solo residió 1 año y 11 meses con su padre.
El juez entendió que su entorno afectivo, educativo y social estaba en el núcleo materno.
Conflicto judicial y violencia simbólica
El fallo incluyó observaciones críticas sobre el comportamiento del progenitor, a quien se señaló por promover medidas procesales innecesarias y por intentar manipular el proceso judicial. La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Goya, al confirmar la sentencia del juzgado de primera instancia advirtió que algunas de las actuaciones del padre “rozaban la malicia y temeridad” y apuntaban más a perjudicar a su ex pareja que a proteger el bienestar de su hija.
Entre esas medidas, el hombre ofreció pruebas destinadas a cuestionar la vida privada de la madre y a poner en duda su idoneidad como cuidadora, algo que fue rechazado por los jueces. En su análisis, los magistrados concluyeron que tales maniobras constituían violencia simbólica y, en el marco del litigio familiar, también violencia de género.
Los informes periciales incorporados al expediente fueron contundentes: la madre contaba con la capacidad para cuidar adecuadamente a su hija y no existía ningún indicio de que el entorno en España fuera perjudicial para su desarrollo integral.
Transición y continuidad del vínculo
Más allá del fallo favorable, la sentencia contempló una etapa de transición para garantizar la estabilidad emocional de P. y facilitar su adaptación. Se estableció que la adolescente debía terminar el año escolar en Argentina antes de mudarse a España en enero, con tiempo suficiente para comenzar el nuevo ciclo lectivo europeo en condiciones normales.
Además, el fallo dispuso mecanismos para mantener el vínculo con el padre, mediante un régimen de visitas y comunicación periódica a través de medios tecnológicos. Esta decisión buscó preservar los lazos familiares sin interferir con el deseo y el bienestar de la joven.
