Luna Giardina tenía 26 años y estaba junto a su madre, Mariel Zamudio, cuando ambas fueron asesinadas a balazos. Tenía un botón antipánico que nunca llegó a activar. Úrsula Bahillo también contaba con ese dispositivo y medidas de restricción contra su ex pareja, pero fue atacada a puñaladas sin tiempo para pedir ayuda. Estos casos exponen los límites de un sistema que deposita en las víctimas la responsabilidad de advertir el peligro. Frente a estas fallas, el monitoreo dual surge como una alternativa de protección que permite detectar amenazas sin depender de su reacción.
Por Lucía Salinas
Periodista de Clarín
El historial judicial y policial de nuestro país da cuenta de diversos femicidios, en los últimos años, donde las víctimas contaban con un botón antipánico asignado o descargado en sus teléfonos, pero el ataque sorpresivo o violento del agresor impidió que pudieran pulsarlo.
Así ocurrió con Guadalupe Curual de Villa La Angostura, provincia de Neuquén. Había denunciado reiteradamente a su expareja por agresiones físicas y amenazas de muerte. Contaba con medidas de exclusión y un dispositivo de alerta; sin embargo, el agresor la sorprendió en pleno centro de la localidad persiguiéndola con un arma blanca. El crimen se concretó sin que tenga tiempo para activar el dispositivo y así, recibir la ayuda correspondiente.
En la provincia de Córdoba, Liliana González sufrió el mismo destino fatal. Contaba con un botón antipánico asignado por el Polo de la Mujer. Se encontraba en su vivienda, al igual que el dispositivo pero el agresor logró forzar el ingreso a la casa y la atacó inmediatamente. La policía encontró el dispositivo intacto sobre una mesa sin haber registrado el pulso de emergencia.
Son sólo algunos casos testigos que exponen lo que las fuentes judiciales coinciden en plantear como un “sistema obsoleto para los tiempos actuales” y que “no protegen en su totalidad a la víctima” quien ya se encuentra en esa situación en absoluta vulnerabilidad.
El caso más significativo de 2025 es el doble femicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, en Córdoba. Luna contaba con botón antipánico, una orden de restricción y se había ordenado también una tobillera para el agresor. Esta última nunca pudo ser colocada porque no se logró ubicarlo. Ambas fueron asesinadas pese a las medidas de protección existentes.
En Neuquén, el femicidio de Jessica Scarione también aparece asociado a medidas de protección. Tenía una prohibición de acercamiento y, según el comunicado citado en el relevamiento, se le había otorgado un botón antipánico que ella no llegó a retirar. En diciembre de 2025, otro caso muestra una situación diferente pero igualmente problemática: en Centenario, una mujer activó dos veces el botón ante la presencia de su expareja. La primera alerta fue respondida y un móvil llegó al domicilio; horas después se produjo un ataque con arma de fuego. La mujer resultó herida y el agresor murió antes de que pudiera ser detenido.
En julio de 2026, el caso de Luciana Ojeda, en Córdoba, presenta nuevamente el límite más extremo del sistema: la mujer contaba con un botón y llegó a activarlo, pero cuando la Policía llegó al departamento ella ya estaba muerta. La investigación posterior imputó a su última pareja por femicidio.
En Córdoba, Micaela Trinidad Lencinas desapareció y su botón SALVA emitió señal por última vez el 8 de enero de 2026; posteriormente el dispositivo permaneció apagado y no pudo ser localizada. El documento señala que el sistema permite geolocalización, registra activaciones y que el dispositivo posee una batería cuya duración informada es de 18 horas.
Por qué falla el botón antipánico frente a ataques directos
Los antecedentes citados, como otros, fueron analizados por especialistas en seguridad y peritos judiciales, quienes señalan que existen limitaciones estructurales del dispositivo: en primer lugar, hacen referencia al traslado de la carga de seguridad a la víctima ya que el botón antipánico requiere que la persona amenazada detecte el peligro con antelación suficiente, mantenga la calma, alcance el dispositivo y mantenga presionado el botón.
En una emboscada, un allanamiento violento de morada o un ataque por sorpresa, no existe esa ventana de reacción y todo recae sobre la víctima.
Después, se evaluó el tiempo de la respuesta policial. Cuando el botón es activado, la central de monitoreo debe llamar para verificar o enviar directamente el patrullero más cercano, un lapso que suele demorar varios minutos frente a agresiones letales que ocurren en segundos. Y finalmente, prevalece la ausencia de control sobre el victimario. A diferencia de las tobilleras duales (dispositivos de geolocalización sincronizados que alertan automáticamente a la policía cuando el agresor viola la zona de exclusión fijada por la orden judicial, sin intervención de la víctima), el botón antipánico es un mecanismo puramente reactivo y no preventivo.

Una mirada oficial
Quurum dialogó con la directora General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), Malena Derdoy, quien brindó su opinión al respecto.
Al analizar el dispositivo más utilizado, que es el botón antipánico, sostuvo que en sus comienzos, fue una herramienta útil, “sin lugar a duda, en sus orígenes sirvió, estuvo bien, brindaba algún tipo de seguridad. Junto a la tecnología se fue sofisticando, de hecho el uso desde el celular también ayudó un montón, tuvo sus momentos de gloria”.
A la luz de los acontecimientos y en la actualidad, Derdoy considera que a raíz de diversos estudios técnicos, se detectaron algunas falencias. En primer lugar, aclaró: “Me gusta hablar no sólo de los resultados o no del botón antipánico, sino de el impacto que tiene respecto de la víctima tener que estar en estado de alerta permanente y que dependa de ella activarlo o no”.
En este punto se explicó que el botón antipánico funciona “con hecho consumado”, esto es, “cuando el agresor o el victimario ya está en el radio que no podía estar, ya está cerca de la víctima, porque cuando se activa el botón antipánico, cuando la víctima lo ve o cuando tiene presunción de que está en la zona también, pero ya la pone a la víctima en un estado de alerta, que inclusive es el estado en el cual muchas víctimas de violencia de género suelen atravesar de manera permanente, atravesando todas las rutinas de su vida”.
Haciendo foco en este aspecto que pone la atención sobre la víctima, la titular de la DOVIC, señaló que el botón antipánico “puede ser una buena herramienta constitutiva de prueba, porque vos podés probar que una medida se incumplió, por ejemplo, una medida de prohibición de acercamiento se incumplió una determinada cantidad de veces porque se activó el botón, se acercó a un personal policial, pero la víctima no puede estar como una herramienta de objeto probatorio respecto de los cumplimientos o de los incumplimientos”.
Otro aspecto resaltado y primordial, es que “hay un estado de alerta permanente que no cesa, porque el deber de cuidado recae sobre la víctima de manera permanente”, es justamente lo que los especialistas sostienen que hay que revertir.
¿Cuál es la salida para una efectiva prevención de la violencia de género y el debido cuidado hacia la víctima? En el Poder Judicial, coinciden diversas voces en sostener que el sistema dual resulta más eficiente. Se trata de una tecnología que puede anticiparse a una agresión. Está incorporada al sistema judicial de nuestro país, de hecho hay provincias donde reemplazó en su totalidad al botón antipánico.
Se impone, según los especialistas, porque busca “ampliar la protección de las víctimas sin depender exclusivamente de su pedido de ayuda”. El Sistema Dual de Monitoreo Electrónico, es un tipo de tecnología que funciona de modo preventivo y no reactivo. Las explicaciones oficiales, ponderan este dispositivo como más eficiente, porque “detecta automáticamente cuando un agresor transgrede la restricción de acercamiento y de inmediato genera la intervención policial antes de que la víctima tenga que pedir ayuda”. Es una tecnología que se encuentra a disposición pero que aún cuenta con cierto grado de resistencia, esencialmente, por parte de las defensas de los victimarios quienes consideran que son cercenados derechos ante la colocación de un dispositivo de rastreo.
Derdoy sostuvo que el dispositivo dual es “sin lugar a dudas, una gran herramienta que no cercena en nada garantías porque no es un dispositivo invasivo, esto estoy hablando del imputado”. En cuanto a quien tiene el poder de contralor de ese dispositivo, se indicó que -en general-, “son las policías locales, quien informa al imputado cuál es el radio impuesto por la justicia, es justamente el radio lo marca la jurisdicción, suelen ser entre 300 y 500 metros. Entonces, sin lugar a dudas, los dispositivos duales dan mucha más tranquilidad porque liberan en gran medida a la víctima de ese lugar de control y de cuidado permanente que la pone el botón”.

¿Cómo funciona el dispositivo?
A diferencia del botón antipánico, cuyo funcionamiento depende de que la víctima active una alerta, el Sistema Dual de Monitoreo Electrónico permite supervisar simultáneamente la ubicación del agresor y de la persona protegida. Su principal característica es que puede detectar automáticamente el incumplimiento de una restricción de acercamiento, sin necesidad de que la mujer advierta la presencia de su agresor o solicite ayuda.
El mecanismo utiliza dispositivos de geolocalización vinculados entre sí. El agresor lleva una tobillera o brazalete electrónico y un transmisor, mientras que la víctima cuenta con otro dispositivo. De esta manera, el sistema permite controlar tanto las zonas fijas de exclusión establecidas judicialmente como la distancia que debe mantenerse entre ambas personas, incluso cuando se encuentran en movimiento.
Cuando se vulnera alguno de esos límites, se genera una alerta que llega simultáneamente a la víctima y al centro de monitoreo. La persona protegida recibe una notificación mediante un mensaje en pantalla, sonido o vibración, mientras que los operadores deben activar el protocolo de intervención correspondiente.
Según explicaron fuentes judiciales, la implementación de esta tecnología puede ser requerida por el Ministerio Público Fiscal, aunque su utilización depende de una decisión del juzgado interviniente. Es la autoridad judicial la que determina las condiciones de la restricción y las distancias que deben respetarse.
Desde la DOVIC señalaron que habitualmente se sugiere establecer una zona restringida de 500 metros y otra de advertencia de 300 metros, siempre sujetas al criterio del juzgado. Esta configuración busca generar un margen de tiempo para advertir posibles incumplimientos y facilitar una intervención preventiva.
El sistema también contempla situaciones en las que el agresor intenta manipular o retirar el dispositivo. De acuerdo con la información técnica proporcionada por Surely, una de las empresas proveedoras de esta tecnología, las tobilleras cuentan con mecanismos que permiten detectar la apertura o el corte de la malla y la pérdida de contacto con el cuerpo.
También pueden generar avisos ante problemas de conectividad. Si se pierde la señal de GPS, el dispositivo emite una alerta al centro de monitoreo; cuando se interrumpe la comunicación celular, el sistema registra que la unidad dejó de transmitir información.
Sin embargo, la capacidad de detectar un incumplimiento no equivale, por sí sola, a garantizar la protección de una víctima. La eficacia del mecanismo también depende de la disponibilidad de operadores, la conectividad, el funcionamiento de los dispositivos y, fundamentalmente, de la rapidez con la que las fuerzas de seguridad puedan intervenir.
Por eso, uno de los componentes centrales es el centro de monitoreo, que debe funcionar las 24 horas y contar con capacidad operativa para recibir las alertas, evaluar las situaciones de riesgo y coordinar la respuesta policial.
La experiencia internacional constituye otro punto de referencia. Países como España, Uruguay, Portugal, Italia y Francia han incorporado sistemas de monitoreo electrónico en sus estrategias de protección frente a la violencia de género. No obstante, para establecer su efectividad resulta necesario considerar las características de cada implementación, los protocolos de actuación y los resultados de las evaluaciones disponibles.
Más allá de sus posibilidades tecnológicas, el sistema dual plantea un cambio en la distribución de responsabilidades. Mientras el botón antipánico requiere que la víctima identifique una amenaza y active un pedido de auxilio, el monitoreo electrónico permite trasladar parte de esa tarea de vigilancia a los organismos estatales encargados de garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales.
Su implementación a mayor escala, sin embargo, enfrenta desafíos que exceden la disponibilidad de dispositivos. Requiere decisiones judiciales, presupuesto, infraestructura tecnológica, centros de monitoreo y fuerzas de seguridad preparadas para intervenir ante las alertas.
En ese sentido, la discusión no pasa únicamente por reemplazar una herramienta por otra, sino por determinar qué condiciones debe reunir un sistema de protección para actuar antes de que una amenaza se convierta en una agresión.
La discusión, en definitiva, excede la elección entre un botón antipánico y una tobillera electrónica. Lo que está en juego es quién debe asumir la responsabilidad de advertir el peligro y actuar antes de que sea demasiado tarde. Mientras el sistema siga dependiendo de que una mujer amenazada detecte a su agresor, encuentre su dispositivo y alcance a pedir ayuda, una parte esencial de su protección continuará descansando sobre sus propios hombros. El desafío para la Justicia y el Estado es invertir esa lógica: que la prevención no comience cuando la víctima logra activar una alarma, sino mucho antes de que necesite hacerlo.
