Desarrollado por la Alianza Regional y la Red de Transparencia, permite medir el desempeño y visibilizar las brechas en el funcionamiento de los sistemas judiciales de 18 países. Argentina aparece entre los mejor posicionados.
Con el objetivo de fortalecer el acceso a la información pública, la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información y la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) lanzaron el Índice de Transparencia Judicial, una herramienta que permite medir, comparar y visibilizar el nivel de transparencia de los sistemas judiciales en 18 países de Iberoamérica.
El índice se presenta como una plataforma abierta al público, compuesta por 88 indicadores, que permiten evaluar desde el nivel de acceso a expedientes y presupuestos hasta los mecanismos de selección de jueces, la publicación de estadísticas y la participación ciudadana. La herramienta ya arroja un primer mapa regional: Argentina, México, Colombia y Perú figuran entre los países con mejor desempeño, mientras que Nicaragua, Venezuela y Cuba aparecen en los últimos puestos.
“Es cierto que el Poder Judicial ha quedado relegado en materia de acceso a la información en comparación con los otros poderes del Estado. Pero eso no puede seguir justificándose con el argumento de la independencia judicial. Nada mejor para esa independencia que rendir cuentas”, sostuvo Daniela Urribarri, directora ejecutiva de la Alianza Regional, en diálogo con Auditor.info.
La opacidad judicial, explicó Urribarri, tiene consecuencias directas sobre la vida democrática: “Los procesos de selección de jueces, magistrados y fiscales, la rendición de cuentas sobre el uso de los fondos públicos, la falta de información sobre lo que se
tramita allí y qué características tiene dificulta la comprensión de la conflictividad social y dificulta la generación de políticas públicas que respondan a los conflictos sociales”.
El índice fue desarrollado con apoyo técnico del Grupo de Trabajo de Transparencia Judicial, y se nutre de información recolectada por organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos, que validaron los datos mediante procesos colaborativos. “La agenda del acceso a la información pública de los Poderes Judiciales parece un poco relegada de los distintos actores que trabajan estos temas”, afirmó el consultor y responsable metodológico del proyecto, Sebastián Pilo, quien destacó que la plataforma está diseñada para que tenga un desarrollo constante con cortes intertemporales, “de manera tal que el usuario también pueda ver no solo la foto de cómo está en cada momento, sino cómo evoluciona en el tiempo en el país”.
Además del informe general -que se publicará en las próximas semanas-, los impulsores del proyecto ya planean una segunda etapa de expansión, que incluirá a España, Portugal, República Dominicana y Puerto Rico, ampliando así el alcance del monitoreo.
