En un caso puntual, la Cámara Federal de Casación Penal revisará una decisión del Tribunal a cargo del juicio oral en el “caso Cuadernos”, que restringió el embargo sobre una cuenta bancaria en Suiza de uno de los empresarios acusados, Juan Carlos De Goycoechea, y ordenó levantar inhibiciones patrimoniales sobre sus bienes.
Estas medidas despertaron la oposición de la fiscal ante el Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) 7, Fabiana León, quien presentó un recurso que ahora será revisado por la Sala I del máximo tribunal penal federal del país.
En medio de los preparativos del juicio y a tres meses de su inicio el próximo 6 de noviembre, lo resuelto se suma a una decisión previa de Casación que advirtió al Tribunal sobre los riesgos que implica para el derecho a defensa y la inmediatez del debate oral otra medida vinculada al juicio: la entera virtualidad del debate a través de la plataforma Zoom.
Otra resolución del TOCF 7 vinculada a la organización del debate despertó alertas, la de realizar audiencias sólo una vez a la semana, los días jueves, como publicó Quorum el 24 de julio último en un debate que tiene convocados más de 600 testigos y acumula varias causas conexas. Casación sugirió revisar esta decisión.
Se trata del caso Cuadernos, que juzgará como presunta jefa de asociación ilícita a la ex presidenta Cristina Kirchner.
La ex Presidenta enfrentará su segundo juicio oral luego de ser condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad. Está con arresto domiciliario y tobillera electrónica.
El embargo al empresario
Los jueces de Casación Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Gustavo Hornos decidieron abrir la instancia de revisión sobre lo resuelto en torno al embargo al empresario, al considerar que la presentación del Ministerio Público reunía los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 463 del Código Procesal Penal de la Nación.
La resolución cuestionada fue dictada el 21 de abril de este año por el TOCF 7. En ella, por mayoría, los jueces dispusieron “el embargo sobre la cuenta Nro. 11451742 del Intesa San Paolo Private Bank -Suisse- SA, Lugano, correspondiente a Juan Carlos De Goycoechea, hasta cubrir la suma equivalente a 1.500.000.000 pesos”, monto fijado el 19 de abril de 2023. Se estableció que para calcular el equivalente en dólares se tome como referencia el tipo de cambio oficial del Banco Nación al día de la medida.
Además, el tribunal ordenó dejar sin efecto el bloqueo de activos que superaran ese monto y autorizó a De Goycoechea a disponer del remanente en esa cuenta bancaria. También dispuso el levantamiento de los embargos sobre tres inmuebles ubicados en la localidad de Trevelin, Chubut, y, de cumplirse ciertas condiciones, el levantamiento de la inhibición general de bienes que pesaba sobre el empresario desde agosto de 2023.
Contra esa resolución, la fiscalía presentó recurso de casación, pero su pedido fue denegado por el TOCF. Frente a ello, acudió en queja ante la Casación, que ahora habilitó el tratamiento del planteo. La decisión no implica una definición sobre el fondo del asunto, pero pone en revisión la medida que acotó el alcance de los embargos y habilitó la disposición de activos por parte del imputado.
Juan Carlos De Goycoechea fue uno de los primeros empresarios que pasó a ser “imputado colaborador” en el marco de la causa Cuadernos, donde se investigan pagos sistemáticos de sobornos durante los gobiernos kirchneristas a cambio de contratos de obra pública. Su declaración como imputado colaborador fue clave para el avance de la investigación que encabezaron el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.
El tribunal oral deberá ahora remitir el expediente para que se trate el recurso concedido.
La mira puesta en el Zoom y las audiencias
El 18 de julio pasado, los camaristas Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos también advirtieron al Tribunal sobre aspectos vinculados al desarrollo del juicio: el Zoom virtual como herramienta exclusiva y audiencias sólo una vez a la semana.
Los jueces desestimaron un recurso contra la virtualidad total del debate presentado por el empresario Gabriel Romero, pero dejaron en claro sus reparos.
En 2018, cuando se inició el expediente en Comodoro Py, Romero –del grupo Emepa- se presentó ante el fiscal Carlos Stornelli y se convirtió en uno de los empresarios «imputados colaboradores». En diciembre pasado, el Tribunal le puso fecha al comienzo del juicio y estableció que las audiencias serán mediante plataforma virtual Zoom todos los jueves. Esto regirá salvo determinadas condiciones en las que se evaluará si se resuelve la concurrencia presencial o mixta a alguna audiencia en particular.
Virtualidad versus dinamismo
Los camaristas Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Gustavo Hornos rechazaron la queja del empresario por una cuestión formal, no se dirige a una sentencia definitiva ni causa un perjuicio irreparable, condiciones para habilitar la revisión en Casación.
Pero aprovecharon el planteo para ir dejando en claro algunos reparos a la virtualidad casi total prevista para el debate oral e incluyeron sugerencias para el Tribunal.
La “rigurosidad” de los requisitos impuestos para resolver que algunas audiencias puedan llevarse a cabo de manera presencial y semipresencial, limita a entender de los jueces de la sala I de Casación “el dinamismo inherente al debate oral y público”, expresó en su voto el juez Barroetaveña.
Más allá del “acierto o error” de instalar la modalidad virtual del debate como primera opción y la presencialidad como excepción, que Casación no analizó al rechazar por cuestiones de admisibilidad la queja del empresario, sí se sugirió al Tribunal Oral que “no sería ocioso” que revise otra decisión, la de realizar audiencias una vez por semana, todos los jueves hábiles “tomando en cuenta una más pronta finalización del juicio”, advierte la resolución a la que tuvo acceso Quorum.
Qué se sabe hasta ahora del juicio
El TOCF 7 integrado por los jueces Germán Castelli, Fernando Canero y Enrique Méndez Signori tiene su sede en el Palacio de Justicia, no en Comodoro Py 2002. La fiscal que estará a cargo de la acusación, Fabiana León, sí tiene despacho en los tribunales federales de Retiro.
Los jueces tomaron la decisión de realizar el debate de manera virtual ante la cantidad de acusados con sus respectivos abogados, más la fiscal y su equipo, querellas, prensa y público
Dejaron aclarado que si surge algún motivo que justifique la presencialidad o si alguna parte lo pide podrá evaluarse al igual que la forma mixta, telemática y presencial pero siempre en base a motivos “puntuales y precisos”.
Las primeras jornadas -lectura de requerimientos de elevación a juicio- y las finales -alegatos y veredicto- serán trasmitidas de manera pública a través del canal de Youtube del Poder Judicial de la Nación. Las restantes necesitarán de acreditación previa para acceder a la sala de Zoom.
En septiembre, audiencia clave
En un principio están citados 626 testigos, pero el TOCF 7 ya convocó a una audiencia preparatoria el próximo 24 de septiembre para intentar organizar el debate y dejar fuera aquella prueba que no sea indispensable. Serán juzgados la ex presidenta Cristina Fernández como presunta jefa de asociación ilícita y cohecho pasivo; y los ex funcionarios kirchneristas Julio De Vido, Roberto Baratta, Juan Manuel Abal Medina, Hugo Larraburu, Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti, Hernán Gómez, Claudio Uberti y José López.
También empresarios como Enrique Wagner, Ángelo Calcaterra, Enrique Pescarmona y Aldo Roggio, entre otros, además del arrepentido remisero Oscar Centeno, autor de los cuadernos manuscritos que dieron origen al caso en 2018.
