El máximo tribunal penal federal del país rechazó la queja de un empresario arrepentido contra la virtualidad casi total que tendrá el juicio por el caso Cuadernos, pero aprovechó la ocasión para advertir sobre los límites de esta nueva costumbre tribunalicia de juzgar por Zoom.
El empresario Benjamín Gabriel Romero llegó hasta Casación para intentar oponerse a la decisión del Tribunal Oral Federal (TOF) 7 de realizar casi de manera íntegra por Zoom el megajuicio que lo tendrá entre los acusados desde el 6 de noviembre. Se trata del caso Cuadernos que juzgará como presunta jefa de asociación ilícita a la ex presidenta Cristina Kirchner.
En 2018, cuando se inició el expediente en Comodoro Py, Romero – del grupo Emepa- se presentó ante el fiscal Carlos Stornelli y se convirtió en uno de los empresarios «imputados colaboradores». En diciembre pasado, el Tribunal le puso fecha al comienzo del juicio y estableció que las audiencias serán mediante plataforma virtual Zoom todos los jueves. Esto regirá salvo determinadas condiciones en las que se evaluará si se resuelve la concurrencia presencial o mixta a alguna audiencia en particular.
Virtualidad versus dinamismo
Los camaristas Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Gustavo Hornos rechazaron la queja del empresario por una cuestión formal, no se dirige a una sentencia definitiva ni causa un perjuicio irreparable, condiciones para habilitar la revisión en Casación.
Pero aprovecharon el planteo para ir dejando en claro algunos reparos a la virtualidad casi total prevista para el debate oral e incluyeron sugerencias para el Tribunal.
La «rigurosidad» de los requisitos impuestos para resolver que algunas audiencias puedan llevarse a cabo de manera presencial y semipresencial, limita a entender de los jueces de la sala I de Casación “el dinamismo inherente al debate oral y público”, expresó en su voto el juez Barroetaveña.
Más allá del “acierto o error” de instalar la modalidad virtual del debate como primera opción y la presencialidad como excepción, que Casación no analizó al rechazar por cuestiones de admisibilidad la queja del empresario, sí se sugirió al Tribunal Oral que “no sería ocioso” que revise otra decisión, la de realizar audiencias una vez por semana, todos los jueves hábiles “tomando en cuenta una más pronta finalización del juicio”, advierte la resolución a la que tuvo acceso Quorum.
Defensa en juicio
En ese mismo sentido, el camarista y presidente de Casación Daniel Petrone sumó otro argumento: las garantías esenciales de la defensa en juicio.
«No puede dejar de recordarse que la utilización de plataformas virtuales para llevar adelante tales actos procesales debe ser siempre sopesada de modo tal que no cause una afectación a las garantías esenciales de la defensa en juicio del justiciable, entre las que se encuentra su derecho a comparecer ante el Tribunal», advirtió.
Qué se sabe hasta ahora del juicio
El TOF7 integrado por los jueces Germán Castelli, Fernando Canero y Enrique Méndez Signori tiene su sede en el Palacio de Justicia, no en Comodoro Py 2002. La fiscal que estará a cargo de la acusación, Fabiana León, sí tiene despacho en los tribunales federales de Retiro.
Los jueces tomaron la decisión de realizar el debate de manera virtual ante la cantidad de acusados con sus respectivos abogados, más la fiscal y su equipo, querellas, prensa y público
Dejaron aclarado que si surge algún motivo que justifique la presencialidad o si alguna parte lo pide podrá evaluarse al igual que la forma mixta, telemática y presencial pero siempre en base a motivos «puntuales y precisos«.
Las primeras jornadas -lectura de requerimientos de elevación a juicio- y las finales -alegatos y veredicto- serán trasmitidas de manera pública a través del canal de Youtube del Poder Judicial de la Nación. Las restantes necesitarán de acreditación previa para acceder a la sala de Zoom.
En septiembre, audiencia clave
En un principio están citados 626 testigos pero el TOF7 ya convocó a una audiencia preparatoria el próximo 24 de septiembre para intentar organizar el debate y dejar fuera aquella prueba que no sea indispensable. Serán juzgados la ex presidenta Cristina Fernández como presunta jefa de asociación ilícita y cohecho pasivo; y los ex funcionarios kirchneristas Julio De Vido, Roberto Baratta, Juan Manuel Abal Medina, Hugo Larraburu, Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti, Hernán Gómez, Claudio Uberti y José López.
También empresarios como Enrique Wagner, Ángelo Calcaterra, Enrique Pescarmona y Aldo Roggio, entre otros, además del arrepentido remisero Oscar Centeno, autor de los cuadernos manuscritos que dieron origen al caso en 2018.
