En una decisión inédita por su magnitud y proyección institucional, el juez Néstor Costabel dispuso la ejecución de uno de los decomisos más voluminosos de la historia judicial argentina. Se trata de la apropiación definitiva de bienes pertenecientes a Lázaro Báez y su hijo Martín Báez, ya condenados por lavado de dinero en la causa “ruta del dinero K”.
La medida -que incluye propiedades, cuentas bancarias en el exterior y activos líquidos en distintas monedas- quedó firme tras el rechazo de la Corte Suprema a los recursos de queja interpuestos por las defensas. Con ese aval, el juez Néstor Guillermo Costabel firmó la resolución que ordena la transferencia de todos los bienes al Estado Nacional, bajo titularidad de la Corte Suprema de Justicia.
El detalle del decomiso
La sentencia firme dispuso la incautación de activos por un valor aproximado de 61 millones de dólares, discriminados en:
- U$D 54.872.866,69 por el delito principal (“Hecho A”).
- U$D 5.000.000 y U$D 950.000 por hechos adicionales.
- Más de 4 millones de pesos, actualizables por inflación, por otros ilícitos vinculados (hechos “C” a “K”).
El fallo también alcanzó cuentas radicadas en el Banco Lombard Odier de Suiza y el Banco CBH de Bahamas, que acumulan casi 4 millones de euros y más de 900 mil dólares en activos financieros.
El dinero será repatriado y depositado en cuentas del Banco de la Nación Argentina a nombre del Tribunal.
Más de 70 inmuebles ahora en manos del Estado
La resolución judicial ordena además la inscripción a nombre de la Corte Suprema de más de 70 propiedades de alto valor ubicadas en Santa Cruz, Chubut y Buenos Aires, incluyendo:
- Casas y lotes en El Calafate, Río Gallegos y Comodoro Rivadavia.
- Departamentos y cocheras en Olivos, sobre la Avenida del Libertador.
- Estancias rurales como La Irenita, Los Gurises, Manantial Alto y Coronel Cuarumba.
También se adjudicó al Estado el producido de la subasta de dos aeronaves: un Learjet matrícula LV-BPL y un Rockwell Commander matrícula LV-MBY, por un total superior a los 4,3 millones de pesos.
Destino institucional y precedentes
Según lo dispuesto, todos los bienes pasarán a integrarse a la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Comisados en causas penales federales. La Corte Suprema será la responsable de su administración, conforme lo establece la Acordada N° 22/2025.
La magnitud de este decomiso no tiene precedentes en la justicia argentina. Supone no sólo la recuperación efectiva de activos generados por delitos complejos, sino también un mensaje institucional de que el patrimonio ilícitamente obtenido puede -y debe- ser revertido a favor del Estado.
Una causa emblemática
La causa conocida como “ruta del dinero K” investigó la operatoria de lavado de dinero por parte de Lázaro Báez, empresario cercano a los gobiernos kirchneristas. La investigación reveló una red de sociedades off-shore, testaferros, movimientos financieros irregulares y vínculos con obras públicas que derivaron en una condena a 12 años de prisión para Báez.
Este fallo firme, sumado a la ejecución de los decomisos, representa un hito judicial y político, en un contexto en el que el país debate el alcance real de la lucha contra la corrupción.
