A las 9:30 de este miércoles 13 de agosto -fin del plazo de diez días- el Tribunal Oral Federal 2 constató que ninguno de los nueve condenados en la Causa Vialidad, entre ellos la ex presidenta Cristina Kirchner, hizo depósito alguno en la cuenta del Banco Nación abierta para recibir el pago del decomiso calculado en 537 millones de dólares
Finalizada esta instancia que se dio para el pago voluntario y solidario entre todos los condenados, comienza una nueva etapa en el camino a recuperar lo que por sentencia firme se considera sustraído a las arcas del Estado nacional entre 2003 y 2015.
Será un largo y arduo proceso para la ejecución de bienes ya embargados, búsqueda de otros embargables y dinero en efectivo mientras en paralelo se resuelven los planteos con que se intenta evitar el avance del decomiso, como los hechos ya por Cristina Kirchner, condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta y con arresto domiciliario.
En Tribunales repiten que se trata de un hecho inédito en una condena por delitos vinculados a la corrupción pública, por su magnitud y la cantidad de propiedades de todo tipo y dinero en juego que deberá ahora rastrearse en Comodoro Py 2002 para ordenar ejecuciones hasta alcanzar el multimillonario monto.
Los recursos de Cristina
En ese marco y a contrarreloj, la condenada ex Presidenta recurrió ayer a la Cámara Federal de Casación Penal para intentar frenar el avance sobre bienes y dinero. Su defensa presentó recursos en los que argumenta que todos sus bienes tienen origen legítimo y por ende no pueden ser afectados a decomiso alguno.
Por un lado, contestó la intimación de decomiso y reclamó al Tribunal Oral Federal 2 que se declare incompetente para llevarlo adelante: este es uno de los temas que de manera inminente deben decidir los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu.
Argumenta que no tiene que devolver nada porque su patrimonio y el de su familia -los Kirchner- es «absolutamente» legítimo y por ello carece de bienes que deban ser restituidos al Estado Nacional.
Además, plantea que en el tema patrimonial el fuero federal es incompetente y en todo caso debería intervenir el fuero Civil y Comercial Federal.
Pese a ello, de manera paralela apeló ante la Cámara Federal de Casación el cálculo de actualización sobre el monto avalado por el Tribunal y reclamó que se declare la “nulidad absoluta”.
Próximos pasos ante el no pago
¿Cómo y cuándo se hará la ejecución de bienes? Todo está bajo estudio de los jueces del TOF 2. El monto resuelto corresponde al decomiso ordenado en la sentencia del 6 de diciembre de 2022, que originalmente era de 84.835 millones de pesos y fue actualizado por peritos de la Corte Suprema, basándose en el Índice de Precios al Consumidor del INDEC.
La condena en Vialidad incluyó seis años de prisión e inhabilitación perpetua para la ex Presidenta, junto con la responsabilidad solidaria de los demás condenados -entre ellos Lázaro Báez, José López y Julio De Vido– para pagar el decomiso.
A diferencia de este caso, en la Ruta del Dinero K, el Tribunal Oral Federal 4 impuso a Báez una multa de seis veces el monto del lavado de activos, unos 329 millones de dólares, además del decomiso de bienes y la condena a diez años de cárcel.
Allí la ejecución ya está en marcha con anotación de propiedades a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre otras medidas, mientras que en Vialidad recién comienza, con el desafío de localizar activos suficientes para cubrir una cifra récord.
En Vialidad, el Tribunal resolvió avanzar con la ejecución de una de las penas económicas más significativas dictadas en la historia judicial reciente de la Argentina. Mediante una extensa resolución, los jueces ratificaron la validez de la metodología de actualización del monto a decomisar, calculada por peritos de la Corte Suprema de Justicia y lo fijaron en 684.990.350.139,86 pesos.
El decomiso se dispuso como consecuencia de la “determinación fehaciente del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción”, advirtieron los jueces y se intima “bajo expreso apercibimiento de ejecución de los bienes que sirvan a esos fines”.
Se ordenaron ya una serie de medidas para garantizar el cobro efectivo, incluyendo la ampliación de embargos sobre bienes inmuebles y nuevas directivas al Ministerio Público Fiscal (MPF) para que salga a buscar y tasar patrimonio.
En cuanto al rol del Ministerio Público Fiscal, el tribunal reiteró que goza de plena autonomía para llevar adelante medidas investigativas y diligencias necesarias para ubicar y resguardar bienes, sin necesidad de autorización judicial previa.
Corresponde que la fiscalía “avance en la identificación y localización precisa de los bienes referidos, a fin de garantizar las pretensiones manifestadas” y una vez hecho esto se evalúe el dictado de nuevas medidas cautelares al respecto.
La resolución también dispone la ampliación de todos los embargos sobre bienes inmuebles hasta cubrir el nuevo monto actualizado. Para ello, se instruyó a los registros correspondientes a que actualicen las anotaciones registrales, ordenando su prórroga o reinscripción definitiva en caso de haber caducado.
